Redacción
ElJuzgado Especializado de Sentencia “B” de San Salvador desarrolló la audiencia especial contra los abogados Héctor Francisco Grimaldi Membreño y Luis Ernesto Peña Ortiz, así como contra el exfiscal general Luis Antonio Martínez González y el exfiscal Julio Alberto Arriaza González, por los delitos de Fraude Procesal, en perjuicio de la administración de justicia y subsidiariamente en contra de Claudia María Herrera Díaz y Balmore García Villalta, actos arbitrarios, en perjuicio de la administración pública y otros.
La audiencia especial se realizó a petición de la Fiscalía para solicitarle a la Juzgadora que les admitiera una prueba de escuchas telefónicas que les fue denegada, por el Juzgado 8° de Instrucción de San Salvador.
La FGR solicitó en base al Art. 22 de La Ley Especial Para La Intervención de las Telecomunicaciones, que reza; “Si durante la intervención de las telecomunicaciones se descubre la comisión de delitos conexos a los delitos investigados que le dieron origen, la prueba obtenida será valorada de conformidad a las reglas de la sana crítica”, manifestando que los delitos que se les imputa a los procesados es conexo conforme al primer delito que se empezó a investigar al prófugo Wilfredo Ernesto Gutiérrez, a quién se investigó por Cohecho Activó.
Asimismo, narraron que la intervención telefónica inició el 12 de septiembre del 2014, cuando intervinieron el teléfono del ex fiscal general Martínez, porque tenían conocimiento que querían atentar contra su vida, pero empezaron a escuchar que se hablaba de supuestos ilícitos que iban a cometer a petición del prófugo, Enrique Raíz.
Por lo tanto solicitaron a lo juzgadora que les admita los 133 audios, de los cuales el juez 8° de Instrucción solo les admitió 39 audios, que son del procesado Grimaldi, porque según ellos los audios carecen de legalidad y pertinencia, además, solicitaron que de ser admitidos que se pida al Centro de Escuchas una copia certificada, porque tienen conocimiento que un disco está dallado.
Por su parte, la defensa solicitó que se mantenga la resolución dictada por el juez de instrucción, porque para ellos el juez actúo con derecho y la FGR nunca se refirió a la legalidad de las escuchas, asimismo, hicieron mención al Art. 22 de La Ley Especial Para La Intervención de las Telecomunicaciones: “No tendrán validez como prueba la información obtenida respecto de delitos excluidos totalmente de la aplicación de la presente Ley y que no sean conexos, la cual únicamente servirá como noticia criminal”, fundamentó que fue dado por el juez de Instrucción, para no admitir dichas escuchas.
La juzgadora dará la resolución de la audiencia el viernes 03 de mayo, a las 9 de la mañana, porque estudiará lo expuesto por las partes y los fundamentos dados por el juez de Instrucción.
