San Salvador, 23 may (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió al Estado de El Salvador un informe sobre la situación de un polémico anteproyecto de ley de «reconciliación nacional», informó este jueves una organización salvadoreña.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) publicó en sus redes sociales que la CorteIDH «solicita al Estado salvadoreño un informe sobre la situación del anteproyecto de ley, el cual afectaría la investigación de graves violaciones a derechos humanos».
Fespad publicó en sus redes sociales la copia de una carta enviada por CorteIDH a la directora general de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña, Tania Camila Rosa, y al embajador de este país en Costa Rica, Sebastián Vaquerano.
La CorteIDH, con sede en San José, señaló en la misiva que la solicitud del referido informe se relaciona con la sentencia de octubre de 2012 en la que se condenó al Estado salvadoreño por la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (noreste) y sitios aledaños en 1981.
Añadió que los representantes de las víctimas de esta masacre, declarada crimen de lesa humanidad por un tribunal salvadoreño en diciembre de 2018, señalan que el referido anteproyecto «afecta la obligación» de El Salvador de investigar las violaciones a derechos humanos registradas en la guerra civil (1980-1992).
La Corte señaló que el informe, cuyo plazo máximo de entrega es el 31 de mayo próximo, debe explicar el contenido de la iniciativa y su compatibilidad con lo ordenado al Estado salvadoreño en 2012 de «abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía en beneficio de los autores» o «disposiciones análogas».
El ente también ha pedido conocer la «posición que ha asumido el poder Ejecutivo en cuanto al contenido del referido anteproyecto de ley y su posible incompatibilidad» con la sentencia de la CorteIDH.
Versiones de medios locales indican que una comisión de diputados enviaría la propuesta para su votación en una sesión plenaria del viernes.
La Corte Suprema de Justicia anuló en 2016 una ley de amnistía general de 1993 y ordenó al Congreso crear una nueva legislación enfocada en la reparación de las víctimas.
Dicha anulación permitió la reapertura de procesos penales por crímenes de guerra, que estarían en peligro por la ley que prepara el Congreso, según diversos activistas de derechos humanos.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH., Michelle Bachelet, advirtió el miércoles en un comunicado que la referida iniciativa contiene una serie de disposiciones que podrían traducirse en una «amnistía de facto».
«Tales disposiciones benefician de forma indebida tanto a los responsables materiales, como a los autores intelectuales y a los altos mandos que durante el conflicto armado ordenaron o no adoptaron medidas para prevenir o reprimir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra», afirmó. EFE
