Redacción
Los diputados de la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad realizaron una jornada ampliada para avanzar en la discusión de los artículos de la propuesta de Ley de Inclusión de la Persona con Discapacidad.
Uno de los compromisos de los legisladores es aprobar esta normativa antes que finalice el año, esta propuesta lleva años en la Asamblea y ha sido hasta ahora que los diputados la retoman con la seriedad que amerita el tema de inclusión.
El objetivo de esta herramienta jurídica es garantiza, proteger y fomentar el respeto de los derechos de alrededor de 700 mil personas con algún tipo de discapacidad que viven en El Salvador.
La iniciativa en estudio cuenta con el respaldo de los legisladores; en tal sentido, el presidente de la comisión, diputado David Reyes (ARENA) destacó los principales derechos que plantea la propuesta, como “sanciones severas a funcionarios que incumplan con la ley; las instituciones públicas, ministerios o autónomas, deberán destinar un porcentaje específico de sus fondos para proyectos que les permita a las personas con discapacidad el acceso a empleo, atención médica, educación, entre otros”.
Entre los retos señalados en el marco del análisis del articulado está la construcción de un andamiaje que garantice tales derechos, entre ellos, la elaboración de un censo por departamento que permita registrar a todas las personas con discapacidad; en este contexto, la diputada Guisela de Portillo (FMLN) dijo: “Es un gran compromiso y una deuda que se tiene en este país y nosotros esperamos que en esta legislatura estemos aprobando esta ley de inclusión”.
En la jornada de trabajo de este miércoles 17 de julio, la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad obtuvo consenso en los artículos referentes a la dependencia del Consejo Nacional de Atención a la Persona con Discapacidad (CONAIPD) sus funciones, integrantes y la creación de un comité técnico.
Los titulares de los ministerios de Gobernación y Desarrollo Territorial; Hacienda; Salud; Trabajo y Previsión Social; Obras Públicas; Vivienda y Desarrollo Urbano; Educación, Ciencia y Tecnología, serán la máxima autoridad en la toma de decisiones para el cumplimiento de planes y programas a implementar a favor de las personas con discapacidad, según el proyecto de ley
