La Unidad Penal de la dirección de intereses del Estado ordenó la detención de dos funcionarios de la Corte de Cuentas por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Actos Arbitrarios, al no informar de hallazgos irregulares en la ejecución de la obra CEL-ASTALDI, que construiría la presa El Chaparral, en la administración del expresidente Mauricio Funes.
Los capturados son Wilfredo Aguilar Montesinos, Director Ah Honorem de Auditoría Cuatro, y José Isidro Cruz, Coordinador de Auditoría, de la Corte de Cuentas de la República, durante la ejecución de auditoría de examen especial a la ejecución presupuestaria del contrato Llave en Mano suscrito entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa italiana ASTALDI para la construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral.
Los hechos inician a partir de Diciembre de 2013, con la ejecución del examen especial a la ejecución del contrato Llave en Mano No. CEL-4243-S, suscrito entre CEL y la empresa ASTALDI S. P. A. para la construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral, por el período del 5 de enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2011, y a la adjudicación y ejecución del contrato número CEL-4177-S, suscrito entre CEL y el Consorcio Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S. A. y Euroestudios SL, para la prestación de servicios de supervisión a la construcción de la Central Hidroeléctrica de El Chaparral por el período del 5 de enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2013.
El examen especial fue entregado al Director de Auditoría 4, Wilfredo Aguilar Montesinos el 12 de septiembre de 2014, como “Informe Borrador”, dándose lectura de este hasta el 10 de abril de 2015, en donde aún existían los siete hallazgos encontrados por los auditores del Examen Especial.
Pero fue hasta el 12 de junio de 2015, que fue emitido el informe final solamente con dos hallazgos de los cuales fueron caducados de forma completa el primero y de forma parcial el segundo.
Esta acción es atribuida a los dos imputados, por haber desvanecido cuatro hallazgos sin fundamento técnico y legal. Ambos de manera directa e indirecta, desvanecieron arbitrariamente cuatro hallazgos y otros hallazgos fueron enviados extemporáneamente al área jurisdiccional de la Corte de Cuentas de la República, dando lugar a que se declarara la caducidad de estos. El desvanecimiento arbitrario de los cuatro hallazgos no justificados por CEL asciende a más de 161 millones de dólares ($161,941,532.79).
Ambos implicados serán presentados ante las autoridades judiciales en el plazo que marca la ley.
