La Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado Norman Noel Quijano que tiene a su cargo determinar si el legislador es despojado o no de su fuero Constitucional, se instaló este miércoles y acordó que el plan de trabajo lo desarrollarán en ocho etapas; se espera que esa ruta a seguir se ejecute acorde al tiempo estipulado en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL) -según el artículo 134, la mesa legislativa cuenta con sesenta días (2 meses) para emitir un dictamen favorable o desfavorable-.
Hoy inició el camino que demostrará mi inocencia.
— Norman Quijano (@norman_quijano) March 4, 2020
Las ocho etapas se constituyen con las siguientes actividades: Lectura del requerimiento de la Fiscalía General de la República, apertura de pruebas, recibimiento de pruebas presentadas por las partes, intervención de la parte fiscal, intervención de la defensa, análisis de las pruebas para emitir dictamen, solicitud a Junta Directiva para convocar a Sesión Plenaria y finalmente someter a discusión el dictamen favorable o desfavorable en el Pleno.
En la primera reunión, la comisión acreditó a los abogados Delmer Rodríguez y Francisco Bertrand Galindo como defensores del diputado Quijano, de conformidad al inciso segundo del artículo 127 del RIAL; asimismo, conoció la primera parte del requerimiento fiscal y se promete continuar profundizando en el mismo durante la próxima reunión de trabajo.
Sobre el tema, el presidente de la comisión especial de antejuicio, diputado Raúl Beltrhán Bonilla (PCN), externó el compromiso de trabajar en extensas jornadas a fin de resolver al más corto plazo, además señaló que entre los acuerdos alcanzados destaca: “Trazar la hoja de ruta que implica extensas jornadas de trabajo y se recibió el material presentado por la FGR, se hizo presente la defensa, la parte de la fiscalía quedó reglamentada y se nombró oficialmente al abogado notificador”.
Durante el desarrollo de la comisión, los parlamentarios profundizaron en los acuerdos 568, 569 y 570, relativos a declarar abierto el proceso de antejuicio, integración de la comisión especial y elección del diputado Jorge Mazariego (PDC) para ejercer el cargo de fiscal durante el referido proceso.
El pasado 26 de febrero, el Pleno Legislativo aprobó la integración de la comisión especial para revisar el caso y se juramentó a los diputados que la forman con base a los artículos 126 y 127 del reglamento de la Asamblea; en ese sentido, la presidencia está a cargo del diputado Raúl Beltrhán Bonilla (PCN); la secretaría es competencia del diputado Rodrigo Ávila (ARENA) y la relatoría es ejercida en la legisladora, Cristina Cornejo (FMLN); como vocales se designó a los parlamentarios Julio Fabián (ARENA) y Jaime Sandoval (FMLN).
Mientras los diputados cuenten con el Fuero Constitucional, según estipula el artículo 119 del RIAL, “no podrán ser juzgados por los delitos que cometan desde el día de su elección hasta el fin del período para el que fueron elegidos, sin que la Asamblea Legislativa declare, previamente, que en efecto hay lugar a formación de causa”.
De esta protección también goza el Presidente y Vicepresidente de la República, los designados a la Presidencia, los ministros y viceministros, el Presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y de Cámaras de Segunda Instancia, magistrados de la Corte de Cuentas, Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los representantes diplomáticos.
