Médicos recomiendan cercos sanitarios para contrarrestar pandemia

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa escuchó este lunes la opinión técnica, jurídica y científica de diferentes sectores de la sociedad como la Asociación Salvadoreña de Infectología, Asociación de Abogados Constitucionalistas de El Salvador, Colegio Médico de El Salvador, Acción Ciudadana, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Cristosal y representantes de trabajadores por cuenta propia; para restringir los derechos constitucionales para combatir la pandemia.

La Asamblea también convocó al ministro de Salud y a la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) pero no asistieron, por lo que se les realizó nuevamente la convocatoria para la jornada de este martes a las 9:00 a.m. en el Auditórium de la Paz, del Centro Cívico Cultural Legislativo (CCCL).

Durante la reunión, estos sectores coincidieron en que una restricción de derechos constitucionales o cuarentenas obligatorias sin un plan no es la solución para bajar la curva de contagios. Se recomendó realizar cercos sanitarios no mayores a 72 horas, además de vigilancia sanitaria en los municipios que han presentado mayores índices de contagios, tamizajes casa por casa, identificación de personas con síntomas de COVID-19, aislamiento de estas personas para evitar la propagación del virus, brindarles atención médica, además de educar sobre qué hacer si se presentan síntomas de coronavirus y promover una cultura de protocolos a seguir para cortar la cadena de contagios.

Por otra parte, se llamó a respetar las sentencias de la Sala de lo Constitucional, en lo que respecta a confinamiento y vulneración a derechos humanos y constitucionales, así como a buscar medidas alternas a la restricción de derechos constitucionales que tengan los mismos resultados que se buscan con la propuesta planteada por el Ejecutivo, que fue presentada al Legislativo el 24 de junio, y recibida en el seno de la comisión el jueves 25, durante la sesión plenaria.

A ese respecto, se refirió el presidente de la Asamblea Legislativa y de la comisión, diputado Mario Ponce. “Si no viene acompañado de un plan por parte del Ejecutivo a nivel del Ministerio de Salud, que es el ente rector de resolver el problema sanitario y de salud, difícilmente se van a lograr los objetivos. Esto tiene que también cumplir con parámetros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tampoco podemos aprobar un decreto de garantías constitucionales si no cumple con los presupuestos. La Sala ha determinado que cualquier decisión que se tome en este caso debe cumplir con tres grandes acciones: debe de haber un principio de necesidad, debe de cumplir con la proporcionalidad y debe de cumplir con el principio de idoneidad. Si la decisión cumple con estos grandes parámetros de la Sala, simple y sencillamente no lo va a declarar inconstitucional”, enfatizó.

Para mañana, continúan las consultas y los diputados han convocado a representantes de Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador (CEJ), Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Universidad de El Salvador (UES), Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad Francisco Gavidia (UFG), Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC), Universidad Dr. José Matías Delgado y Oficina de Socorro Jurídico. La Escuela Superior de Economía y Negocios ya envió por escrito su postura, al igual que Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

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