San Salvador, (EFE).- Una corte civil de El Salvador rechazó este jueves la solicitud de la defensa del expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes (2011-2015) de suspender el proceso civil que enfrenta por supuesto enriquecimiento ilícito, informó el Órgano Judicial.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador realizó una audiencia de «improponibilidad» en la que la defensa planteó que Reyes no puede ser procesado por dicho cargo, dado que no manejó fondos públicos durante su administración en el Congreso.
El defensor de Reyes, Pedro Cruz, señaló durante la audiencia que existe jurisprudencia en otros casos similares que favoreció a los procesados a raíz de que no tenían acceso a dinero estatal y que los fondos cuestionados al exfuncionario provenían de ahorros personales.
Reyes es el primer expresidente del Parlamento salvadoreño en ser enviado a un juicio civil por decisión la Corte Suprema de Justicia (CSJ), proceso que derivó en una causa penal.
La Fiscalía General de la República demandó a Reyes, por orden del Supremo, por un supuesto enriquecimiento ilícito de 459.714 dólares, al igual que su esposa e hijo, a quienes les es cuestionado el origen de unos 13.000 dólares.
El exlíder del Congreso, guerrillero durante la guerra civil (1980-1992) y miembro del Partido Comunista Salvadoreño, que junto a otras organizaciones insurgentes formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fue diputado entre 2006 y 2015.
Posteriormente fue presidente del estatal Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa).
De acuerdo con medios locales, Reyes se encuentra asilado en México, por lo que la Interpol no pudo ejecutar la orden de captura en su contra.
Antes de Reyes, el único político ligado al FMLN que ha enfrentado un proceso similar fue el exmandatario Mauricio Funes, nacionalizado nicaragüense.
Funes fue condenado por una corte civil a devolver al Estado más de 419.000 dólares en noviembre de 2018 y dicho proceso derivó en una causa penal por la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares.
La Sección de Probidad de la CSJ recoge las declaraciones patrimoniales de los funcionarios al tomar posesión de sus cargos y al concluir la gestión para determinar si existen irregularidades o indicios de enriquecimiento ilícito.
