San Salvador, 8 sep (EFE).- Una comisión de derechos humanos de la Universidad de El Salvador (UES) brindó asistencia legal y humanitaria a más 2.700 salvadoreños que sufrieron diversas violaciones a sus derechos por parte de agentes estatales durante la cuarentena domiciliaria decretada por el Gobierno para contener la expansión de la COVID-19, según un informe presentado este martes.
El documento, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES (MDHUES), señala que la asistencia fue brindada entre el 28 de abril y el 20 de junio del año en curso, esto incluye los días en que el país fue afectado por las tormentas Cristobal y Amanda.
La coordinadora del área de tutela de la comisión, Yeimi Magaña, detalló durante una conferencia de prensa que de las más de 2.700 asistencias, 1.786 fueron indirectas (personas que dependen de otras) y 985 directas.
Asimismo, indicó que en lo que respecta a las asistencias directas, 832 fueron humanitarias, 22 casos de acompañamiento para presentación de habeas corpus, 49 asistencias psicológicas, 18 administrativas y 64 casos generales.
La experta también apuntó que durante la cuarentena por la pandemia se atendieron 11 casos de desplazamiento forzoso a causa de la violencia generada por las pandillas, quienes son acusadas de cometer la mayoría de crímenes en el país centroamericano.
Magaña agregó que aún se da seguimiento a los casos y que la mayoría de las víctimas fueron mujeres y personas de la tercera edad.
Los salvadoreños estuvieron bajo una cuarentena domiciliaria obligatoria por 85 días seguidos y durante ese tiempo se limitó el desplazamiento de los ciudadanos, lo que en algunos casos derivó en denuncias de violaciones a derechos humanos.
Además, fueron muchos los salvadoreños que denunciaron que en los centros de contención, a donde trasladaban a las personas que no cumplían con la cuarentena, se registraron atropellos a la integridad física y emocional, e incluso se llegó a llamar a estos lugares como «centros de contagios».
Magaña señaló que «uno de los contextos más emblemáticos en los que se brindó asesoría fueron las detenciones ilegales en los centros de contención establecidos por el Gobierno, por ello el equipo apoyó a la presentación de 21 habeas corpus».
Para el sociólogo y experto en derecho humanos Rafael Paz Narváez en lo que se refiere a derechos humanos «hubo preocupación desde el principio (de la cuarentena) dado que en un momento determinado se estuvo bajo un estado de excepción».
LOS CASOS MÁS POLÉMICOS
Magaña señaló que la comisión de derechos humanos «siguió de cerca» los casos de ancianos y de menores de edad que contrajeron la COVID-19 en un asilo estatal y centro de desarrollo, respectivamente.
De acuerdo con la fuente, al menos 22 menores de edad «habían resultado positivos de la COVID-19» cuando se encontraban en un centro administrado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez (ISNA).
Los niños contagiados fueron trasladados a «un lugar de cuido», sin que las autoridades hubieran informado sobre ese brote.
Con posterioridad, el ministro salvadoreño de Salud, Francisco Alabí, indicó escuetamente durante una conferencia de prensa que «ya está en investigación» el caso y que serán las autoridades del ISNA las que «van a brindar toda esta información».
Una situación similar se dio en el principal asilo estatal de San Salvador, en el que se contagiaron al menos 80 ancianos y murieron tres de ellos, lo que generó, al igual que el caso de los menores, polémica principalmente en las redes sociales.
PANDEMIA Y HAMBRE
El informe también indica que la falta de políticas en materia de seguridad alimentaria durante la cuarentena afectaron a grupos vulnerables que debieron ser protegidos por el estado salvadoreño.
Según lo señala el documento, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) recibió, en una fecha que no fue precisada, una solicitud de apoyo para alimentos de 75 mujeres indígenas cabeza de familia de la localidad occidental de Nahuizalco, que representaban a 225 personas de sus respectivos grupos familiares.
También recibió una solicitud de ayuda de 100 personas de la comunidad LGTBI del oriental departamento de La Unión.
En ambas situaciones, asevera el informe, las personas no fueron beneficiadas con el bono de 300 dólares entregado por el Ejecutivo a las personas afectadas por la pandemia, ni con las canastas alimentarias, también brindadas por el Gobierno.
