La directora general del Instituto Salvadoreña del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala, solicitó este lunes celeridad a la Fiscalía ante denuncias del Gobierno sobre posibles irregularidades cometidas en la construcción del Hospital Regional de San Miguel, durante las administraciones del FMLN en 2009-2014 y 2014-2019.
“Necesitamos que la Fiscalía General de la República nos ayude en este proceso para terminar lo más pronto y podamos darle a la zona de oriente todo lo que los pacientes necesitan”, dijo Ayala en entrevista a la radio YSKL.
La funcionaria recordó que, junto al secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, presentó la semana pasada un aviso ante la FGR tras el hallazgo de un contrato con cláusulas “eminentemente lesivas” , que inició con $69 millones y que ya suman unos $120 millones.
Una investigación reveló que los directores del ISSS que fungieron durante los dos gobiernos del FMLN negociaron con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) acuerdos que quitaron facultades a la institución.
«Las Naciones Unidas ha sido por muchos años la imagen de la transparencia y nosotros creemos así, y esperamos seguir trabajando; el punto acá es que probablemente se dio la opinión jurídica que no necesitaba” sobre un pleno poder, dijo la funcionaria, quien agregó que el tema será analizado esta semana con representantes de Naciones Unidas y del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En otro tema, Ayala destacó que las acertadas estrategias del Gobierno han permitido controlar la pandemia y que en el ISSS hayan bajado en más del 90% las atenciones por COVID-19.
El ISSS está reabriendo de forma gradual y ordenada servicios como las cirugías electivas, y la consulta externa, que funciona al 50% y bajo estrictos protocolos de bioseguridad.
“Hemos destinado el Hospital Roma y habilitado más quirófanos para apoyar en el área de cirugía oncológica y ginecología oncológica, así como el resto de cirugía general”, dijo Ayala quien añadió que en la tercera semana de octubre se habilitará la consulta odontológica que tendrá “un protocolo más especializado por el tipo de tratamiento, pero la consulta de emergencia odontológica se mantiene”.
