El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, y la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala, presentaron este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso por corrupción en la construcción del Hospital Regional del ISSS de San Miguel, por unos $120 millones, durante los gobiernos del FMLN.
“(El contrato) tiene clausulas lesivas que comprometen al ISSS a pagar con dinero de los derechohabientes (…) Tenemos 824 hallazgos, algunos insuperables; por ejemplo, la densidad del hierro y los materiales de construcción no eran los solicitados en los términos de referencia”, señaló Castro.
El hospital, que debió entregarse en marzo de 2019, aún no ha sido terminado, por lo que no puede ser utilizado por la población del oriente del país. Castro explicó que, de siete edificios, solamente uno está en funcionamiento.
“Ellos suponen que han entregado el 98% del hospital, pero es inutilizable. Se trató de usar un edificio para emergencia por COVID-19 y ha sido costoso, porque hemos tenido que estar reparándolo”, aseguró el secretario jurídico, quien agregó que esa instalación genera un gasto en medio de la emergencia de salud. “Este edificio, que debía ser parte de las soluciones (en medio de la pandemia), es un método más de corrupción del FMLN”, afirmó.
Sobre este caso, la responsabilidad recae sobre los exdirectores de la institución, Leonel Flores (2009-2014), y Ricardo Cea (2014-2019), periodo en el que ocurrió una negociación con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), en la que se aumentaron los costos de la obra y se despojó al ISSS de las facultades sobre el proyecto.
Asimismo, para la licitación de la obra, retiraron los términos de referencia 29 empresas, de las cuales solamente ofertó una: IBT Group, y fue seleccionada. El resto de empresas consideraron que el tiempo para presentar sus ofertas fue limitado, explicó el secretario jurídico.
“(El contrato) decía que el ISSS se haría cargo del pago, aún de las importaciones de los materiales de construcción”, dijo Castro y agregó que, de acuerdo con las cláusulas “lesivas” del acuerdo, el ISSS queda imposibilitado de argumentar en contra de lo establecido en el documento.
IBT Group es una empresa dirigida por el empresario dominicano José Ramón Brea, quien además es socio de Joaquín Alviz, este último ligado al caso de corrupción en ANDA relacionado al expresidente de la autónoma, Carlos Perla, durante los gobiernos de ARENA.
Además, Castro señaló que hay responsabilidad en la junta directiva del ISSS vigente en ese momento, por autorizar al expresidente de la institución, Ricardo Cea, la suscripción del acuerdo, ya que estaban obligados a informar a la FGR las irregularidades en el documento.
Actualmente, hay un litigio por un arbitraje a solicitud de IBT Group, en el que reclaman al ISSS el pago de $16.1 millones más. Esta empresa, además, no ha cumplido con el pago a 22 proveedores que participaron en el proyecto.
“No vamos a permitir este tipo de corrupción, esperamos que el fiscal actúe (…) Este aviso es para que se averigüe quiénes más son responsables. El beneficio económico obtenido por los exdirectores es lo que debe determinar el fiscal”, aseveró.
