San Salvador, 12 nov (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que investiga 17 casos de supuestas comprar irregulares de insumos por parte de instituciones del Ejecutivo para enfrentar los efectos de la pandemia por la covid-19.
«En relación con los casos que como unidad (anticorrupción) hemos aperturado, producto de la investigación que nace de la Cicies informamos que son 17 los expedientes que tenemos aperturados, es decir, son 17 investigaciones que llevan un canal de depuración», dijo un fiscal, cuyo nombre fue reservado, durante una comparecencia ante periodistas.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) presentó a la Fiscalía los indicios de supuestas irregularidades en las compras hechas con fondos destinados a la atención de la pandemia de la covid-19.
El fiscal general, Raúl Melara, reveló esta información en el marco de una serie de allanamientos a distintas oficinas gubernamentales.
«La Cicies llevó a la Fiscalía General los primeros indicios de irregularidades bajo los cuales nosotros iniciamos investigaciones y procesos más a fondo», indicó el miércoles Melara en una entrevista televisiva.
VARIAS INSTITUCIONES EN LA LUPA
Otra de las fiscales que participó en la conferencia reveló que la investigación se lleva a cabo en 20 instituciones públicas y privadas. Entre las entidades gubernamentales están los ministerios de Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura, y en la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y el Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes).
Señaló que en todas las instituciones, a excepción del Ministerio de Salud, el procedimiento «se ha hecho sin ninguna restricción y sin sobresaltos».
Melara denunció el miércoles un supuesto intento de la Policía Nacional Civil (PNC) de obstaculizar el allanamiento al Ministerio de Salud (Minsal), que se lleva a cabo desde el lunes.
«Se trató de obstaculizar, según los primeros reportes que tengo, el ingreso de fiscales al Ministerio para poder seguir realizando la investigación», sostuvo Melara.
Añadió que los agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) tomaron control del perímetro de las oficinas del referido ministerio, ubicadas en el centro de San Salvador, y que finalmente no bloquearon el allanamiento.
«En ningún momento la intención de la representación fiscal es frenar el trabajo actual que realiza el Ministerio de Salud, es todo lo contrario, lo que se pretende es investigar el uso de los fondos», dijo la fiscal, quien también se reservó su identidad.
DESEMBOLSOS MILLONARIOS
De acuerdo con la fiscal, el Minsal ha hecho «desembolsos millonarios» para la compra de insumos para enfrentar la pandemia del coronavirus.
«Nosotros estamos investigando una serie de irregularidades que se han dado frente a la compra de estos insumos, tanto así que se han hecho desembolsos millonarios por parte del Ministerio de Salud para la comprar de insumos como mascarillas, caretas de protección, botas para uso de personal médico», dijo.
Indicó que «algunos de esos insumos, por los que se han pagado millones de dólares, a la fecha no se han terminado de recibir, y ese tipo de situaciones es la competencia de Fiscalía, investigar y determinar si efectivamente la conducta realizada es penal o no».
La fiscal aclaró que la diligencia que se realiza en el Minsal «no implica ninguna afectación en la compra de insumos para el combate de la pandemia, otras enfermedades como el cáncer, o pagos a los empleados, como se ha dicho por algunos funcionarios».
Diferentes investigaciones periodísticas dan cuenta de supuestas compras irregulares con fondos destinados para atender la pandemia de la covid-19.
Según la revista de periodismo independiente GatoEncerrado, el ministro de Salud, Francisco Alabi, autorizó la compra de botas de hule por 225.000 dólares a una empresa de una de sus familiares.
El presidente Nayib Bukele destituyó el pasado 20 de junio al titular de un fondo ambiental del Gobierno por supuestamente beneficiarse de una compra irregular de protectores faciales por 250.000 dólares.
La destitución se dio tras una publicación periodística, que supuso un duro golpe al discurso de transparencia del Ejecutivo.
