Asamblea crea comisión de antejuicio contra director de la PNC y actual viceministro Seguridad

La Asamblea Legislativa declaró abierto el proceso y creó una Comisión Especial de Antejuicio contra el director de la Policía Nacional Civil (PNC) y actual viceministro de Justicia y de Seguridad Publica ad honorem, Mauricio Arriaza Chicas, luego de verificar que el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) cumple con los requisitos establecidos en los artículos 124 y 125 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL).

Luego de haber conocido el dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el Pleno Legislativo aprobó el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) que hace la denuncia de antejuicio, petición de desafuero y se declare ha lugar a formación de causa, por considerar que este reúne los requisitos legales.

Tras aprobar el dictamen, se declara abierto el proceso de antejuicio contra el funcionario, de acuerdo al artículo 125 del RIAL. En ese contexto, el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce, juramentó a los miembros de la Comisión Especial de Antejuicio, luego de que cada partido propusiera integrantes y fueran elegidos por votación en el Pleno.

La mesa parlamentaria quedó integrada de la siguiente forma: como presidente, la diputada Margarita Escobar (ARENA); como secretaria, la legisladora Yanci Urbina (FMLN); como relator, el diputado Rodolfo Parker (PDC); y como vocales, los parlamentarios Jorge Rosales (ARENA), Javier Valdez (FMLN) y Guillermo Gallegos (GANA). La fiscal de comisión especial sería la diputada Cristina Cornejo (FMLN).

En la denuncia de antejuicio de la FGR, se solicita el desafuero en contra del director Arriaza Chicas y se declare que ha lugar a formación de causa contra el funcionario, suspendiéndolo del ejercicio de su nombramiento como viceministro de Seguridad Pública, por atribuírsele la comisión del delito de incumplimiento de deberes previsto y sancionado en el artículo 321 del Código Penal, en perjuicio de la Administración Pública.