San Salvador, (EFE).- El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, enfrentó este martes la audiencia inicial en su contra por el cargo de incumplimiento de deberes y quedó a la espera del fallo judicial.
Arriaza se presentó ante el Juzgado Quinto de Paz, que realizó la audiencia en la que la defensa y los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron sus alegatos en una sola jornada.
Se espera que el tribunal dé a conocer el miércoles el fallo, en el que determinará si el proceso avanza a la instrucción o queda desechada la acusación.
«Vamos a tratar de demostrar que como director de la PNC, no hemos cometido ninguna ilegalidad, (…) y lo que venimos a buscar es un juicio objetivo, imparcial», dijo el uniformado antes de enfrentar la audiencia.
El Ministerio Público pidió al juzgado que pase el proceso a la etapa de instrucción con medidas alternas a la detención provisional, para que enfrente la siguiente fase del proceso en libertad.
El delito de incumplimiento de deberes es castigado por la legislación salvadoreña con penas de entre cuatro y seis años de cárcel, así como la inhabilitación especial en el cargo que ostenta el funcionario por igual tiempo.
Arriaza Chicas habría cometido el referido delito, según la Fiscalía, al negarse a llevar por «apremio» (por la fuerza) a dos ministros ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga el uso de fondos públicos para la atención de la pandemia de la covid-19.
De acuerdo con un representante de la Fiscalía, las acciones de Arriaza «vinieron a menoscabar el principio de colaboración entre órganos y de división de poderes del Estado».
La presentación de la acusación se dio después de que Arriaza renunciara al cargo de viceministro de Seguridad que le otorgaba inmunidad y cuyo proceso de retiro se vio suspendido en la Asamblea Legislativa.
La renuncia de Arriaza al cargo que le daba inmunidad se supo sorpresivamente al momento en el que el Congreso se disponía a votar el desafuero.
Diputados opositores, tras enterarse de la renuncia, pidieron al pleno de la Asamblea Legislativa notificar a la Fiscalía que Arriaza se presentó a la sesión aún como viceministro, con lo que pudo cometer el delito de «usurpación».
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, nombró al director de la Policía como viceministro de Seguridad, con lo que le otorgó inmunidad constitucional frente a posibles investigaciones penales solicitadas por el órgano Legislativo..
El Congreso, mediante una resolución vinculante, ordenó el pasado jueves la destitución de Arriaza por su participación en el supuesto intento de «golpe de Estado fallido» el 9 de febrero pasado, cuando el presidente Nayib Bukele ingresó al órgano Legislativo con militares y policías armados.
El mandatario adelantó que no cumpliría dicha orden, porque considera que los legisladores no tienen la facultad constitucional.
