Univisión
La Corte Suprema de Justicia falló este lunes que los titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) y que entraron ilegalmente al país, no son elegibles para convertirse en residentes legales permanentes y por consiguiente, tener acceso a la ’green card’.
En una decisión unánime (9-0) los magistrados señalaron que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INE) establece que la elegibilidad para el estatus de residentes permanentes generalmente requiere una «admisión» en el país, definida como «la entrada legal del extranjero en Estados Unidos después de la inspección y autorización de un oficial de inmigración».
Por ello, determinaron que el TPS “no elimina el efecto de esa entrada ilegal” (en aquellos casos donde el titular del beneficio entró a Estados Unidos sin autorización).
“Fallo muy duro”
Como un fallo “muy duro”, calificó el abogado José Guerrero, quien ejerce en Miami (Florida), la decisión de la Corte Suprema.
“Es una decisión increíble. Ahora la pregunta de los cien millones es, cómo no se trata de una admisión y no cuenta para la residencia, ¿qué pasara con todos aquellos a quienes ya se les otorgó la Green Card en los tres circuitos en las que estaba disaponible?”
El mismo Guerrero responde: “La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración no debería tomar ninguna acción porque en ese momento la ley era esa”, que ciertos beneficiarios del TPS podrían obtener la residencia a través de sus cónyuges estadounidenses e hijos ciudadanos mayores de edad.
“Pero lamentablemente todo el que tenga TPS y entró ilegalmente al país, deberá seguir esperando para ver si el congreso pasa una ley y puedan tener acceso a un camino hacia la regularización permanente. Sin duda se trata de un fallo muy duro”.
De acuerdo con el dictamen, quienes ingresaron a Estados Unidos con visa y registraron una admisión legal, no les afecta el fallo.
El caso Sánchez
La decisión de la corte obedeció a la revisión del caso del inmigrante salvadoreño José Santos Sánchez, quien desafió la denegación de su solicitud para convertirse en residente legal permanente (LPR) en Estados Unidos.
Sánchez entró sin autorización al país en 1997. Cuatro años más tarde, en 2001, el entonces gobierno de George W. Bush le otorgó el Estatus de Protección Temporal (TPS), programa que fue aprobado tras dos terremotos registrados en ese país centroamericano el 13 de enero y el 13 de febrero de ese año.
El TPS difiere temporalmente la deportación de los beneficiarios y otorga además una autorización de empleo válida por el tiempo de duración del amparo.
La batalla judicial
La apelación del caso Sánchez derivó en tres fallos favorables emitidos por las cortes de Apelaciones de los circuitos 6º, 8º y 9º, quienes avalaron que los cónyuges estadounidenses e hijos ciudadanos mayores de 21 años, podían pedir la residencia de sus esposos o padres titulares de TPS.
Pero las cortes de Apelaciones de los Circuitos 3º y 5º, tras alegaciones presentadas durante el gobierno de Donald Trump, fallaron en contra.
La diferencia de opiniones derivó en que el caso fuera enviado por el Departamento de Justicia al máximo tribunal de justicia del país.
El debate judicial se centró en que, si los extranjeros indocumentados que están protegidos por el programa humanitario e ingresaron a Estados Unidos sin haber sido inspeccionados, califican para pedir la residencia.
Los circuitos donde ciertos beneficiarios de TPS eran elegibles para la residencia eran:
- 6º Circuito de Apelaciones: Missouri, Wisconsin, Indiana, Illinois, Kentucky y Tennessee.
- 8º Circuito de Apelaciones: Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Minnesota, Missouri y Nebraska.
- 9º Circuito de Apelaciones: Alaska, Hawai, Guam, California, Oregon, Washington, Montana, Idaho, Nevada, Arizona y las Islas Marianas del Norte.
Los casos pendientes
En cuanto a las solicitudes de residencia pendientes de casos presentados en los tres circuitos donde el beneficio de la residencia era permitido, abogados consultados por Univision Noticias dijeron que “hay preguntas que todavía no tienen respuestas”.
“En cuanto a aquellas residencias que ya fueron otorgadas, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) no se las va a quitar porque no fueron incorrectamente aprobados esos casos”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California). “El problema es para las personas que tienen casos pendientes, pero que fueron sometidos antes de la decisión de la corte”.
“La pregunta es qué van a hacer con ellos, si las seguirán procesando. Imagino que la USCIS tendrá que pronunciarse al respecto”, indicó.
Gálvez dijo además que a partir del instante en que se produjo el dictamen del máximo tribunal de justicia “la decisión se convirtió en Ley”.
Qué pasará con los dreamers
La decisión de este lunes, que cierra el paso a la residencia a miles de titulares de TPS, constituye un llamado de atención a miles de dreamers que tienen una protección humanitaria similar y presionan para que, cuando regresen luego de una salida autorizada, registren una entrada legal a Estados Unidos y puedan ser elegibles para convertirse en residentes legales permanentes.
“Eta una disputa paralela que no ha llegado a la Corte Suprema, pero el fallo de este lunes sin lugar a dudas les cierra la puerta”, dijo Gálvez.
“La única solución para estos dos grupos de inmigrantes en riesgo es que el Senado apruebe las iniciativas de ley que pasó la Cámara de Representantes el 18 de marzo”, indicó.
Ese día, la Cámara Baja, con apoyo bipartidista, aprobó dos proyectos, uno para dreamers y titilares de TPS y otro para trabajadores agrícolas, que incluyen un camino a la residencia. Tras un plazo de cinco años, los beneficiarios serán elegibles para convertirse en ciudadanos.
Los republicanos advirtieron que no apoyarán ambos planes hasta que el gobierno de Biden no ponga fin a la crisis en la frontera con México.
