Con 62 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una nueva Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) que reduce los fondos provenientes de los ingresos corrientes del Estado al 1.5%
Con este nuevo cuerpo legal de 12 artículos, las alcaldías ya no tendrán a su disposición el 10% que les era entregado con la ley FODES que fue derogada este martes.
Así, el ministerio de Hacienda asumirá el pago de créditos de las alcaldías con instituciones financieras, en donde esté comprometido dinero del FODES, que suma en total $629 millones.
Es por ello que las municipalidades no asumirán el pago de la deuda, debido a que no será cargado al porcentaje del FODES que se les otorgará, sino que será la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda la que hará el pago de todo el déficit hasta finalizar su liquidación, se informó
En el pasado, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) era el encargado de liquidar las deudas de las alcaldías respecto al FODES. Sin embargo, cobraba una comisión por brindar ese servicio a las alcaldías del país, misma que ya no se recolectará.
Ante esto, el espíritu de robustecer la ley que vela por el desarrollo de los municipios es el de acabar con la mafia en las alcaldías, debido a que las pasadas administraciones de las comunas no utilizaban el dinero para ejecutar obras, dijeron algunos diputados.
El ISDEM debe trasladar al ministerio toda la base de datos, historial y deuda de cada municipio para cancelar directamente a las entidades crediticias del sistema financiero nacional los montos correspondientes.
“Anteriormente, la ley del FODES perdió completamente el espíritu de su creación, porque servía para pagar campañas electorales o se redestinaba el dinero a las cuentas personales de los alcaldes corruptos”, dijo la legisladora Evelyn Merlos, quien indicó que la exalcaldesa de Santa Ana, Milena de Escalón, no manejó de una manera correcta los fondos de la comuna.
La organización de ejecución 25-75 se mantiene
Ante esto, un 25% son fondos con libre disponibilidad y servirán para gastos generales de las comunas y un 75% para obras de desarrollo. Según la nueva normativa, el primer porcentaje se entregará a las municipalidades; mientras que el restante (75%) será administrado por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) para la ejecución de proyectos de infraestructura.
Esta aprobación de liquidez se debe a que la ley vigente tiene más de 30 años (1988) y ha experimentado más de 37 prórrogas y disposiciones transitorias.
“Era necesario actualizar esta ley para poder hacer proyectos con gran impacto social y económico. El progreso y el desarrollo sí van a llegar a los diferentes municipios del país”, comentó el diputado Jonathan Hernández, quien representa al departamento de Cuscatlán.
