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Un tribunal salvadoreño condenó el martes al exdiputado Roberto Carlos Silva a 22 años en prisión por los delitos de lavado de dinero y soborno a funcionarios o empleados públicos. Además, deberá devolver 17,7 millones de dólares al Estado.
Los tres jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia valoraron las pruebas que presentó el Ministerio Público y le impusieron la pena máxima que establece el Código Penal: 10 años por el delito de cohecho activo, o sobornar a funcionarios o empelados públicos y 12 años por lavado de dinero. Silva habría cometido los ilícitos mientras ejerció como diputado suplente por el Partido de Conciliación Nacional (PCN) entre 2006 y 2009.
Cuando se le intentó procesar en 2007 huyó a Estados Unidos, donde mantuvo una prolongada lucha legal con el fin de obtener asilo político. Fue deportado en 2020.
El Ministerio Público presentó pruebas periciales contables y declaraciones de testigos, que confirmaron que Silva sobornó a por lo menos 15 alcaldes de municipios del oriente del país para que le adjudicaran proyectos municipales como la reparación de caminos, instalación de acueductos, construcción de mercados y otras obras.
Según se confirmó, algunas de las obras ni siquiera se iniciaron y otras quedaron inconclusas o se completaron con material defectuoso. Las obras se pagaban con anticipación y sin que hubiera una licitación pública de por medio, como lo estipula la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas.
