Aprueban cierre de Zoológico Nacional: Bienestar animal estará a cargo de las especies

Foto de carácter ilustrativo

El Ministerio de Cultura, con el aval de 66 diputados de la Asamblea Legislativa, recibirá recursos para que el Instituto de Bienestar Animal (IBA) traslade a un nuevo recinto a más de 420 animales, de unas 100 especies, que habitan en el Parque Zoológico Nacional.

La mudanza se realizará conforme a lo que establece la Ley de Bienestar Animal: serán movidos a un recinto bajo un cuidado especial y protección acorde a cada especie. En este proceso participará el personal de los ministerios de Cultura, Medio Ambiente y Agricultura y Ganadería.

La diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, explicó que el cierre del parque estaba programado desde hace varios meses, pero antes se debía crear el marco legal que permitiera dar a los animales el cuidado necesario y garantizar las condiciones óptimas para el traslado hacia su nuevo hogar.

«Para todos aquellos que están preocupados por el destino de los animales, quiero decirles que este Gobierno ha sido diligente en resguardar su bienestar, ya que el Instituto de Bienestar Animal se encargará de ellos», aseguró la parlamentaria Callejas.

La funcionaria agregó que, después del trasladado de los animales, en las instalaciones del zoológico se habilitará un parque ecológico para el disfrute de las familias salvadoreñas.

Garantizan compensación económica para empleados

En la sesión plenaria también fue aprobado el Decreto Transitorio de Compensación Económica para los Trabajadores del Zoológico Nacional, el cual faculta al Ministerio de Cultura a otorgar una prestación económica actualizada, justa y compensatoria a los empleados

El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, expuso que se va a garantizar la continuidad de las personas que laboran en la reserva animal.

“Si una plaza se suprimiera, el empleado va a ser beneficiado o con una indemnización del 150% relativa a su salario», sostuvo el parlamentario.

La legisladora Callejas señaló que se han reorientado los recursos suficientes para garantizar una indemnización digna para los trabajadores.