Agencia AFP
La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, acusada de corrupción y contra quien la Fiscalía pidió 12 años de prisión, contraatacó con un feroz discurso de defensa en el que denunció lo que considera una persecución judicial para proscribirla de la política.
“Nada, absolutamente nada de lo que dijeron (los fiscales) fue probado. Cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta”, dijo Fernández de Kirchner en un descargo de más de dos horas, transmitido por las redes sociales desde su despacho de la presidencia del Senado.
Acusada junto a otras doce personas por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravadas, la Fiscalía solicitó también el lunes, en su última audiencia de alegatos, la inhabilidad política perpetua de la vicepresidenta.
Mientras transcurría su discurso, cientos de seguidores de su corriente del peronismo de izquierda se manifestaron para apoyarla a las puertas de su casa en Buenos Aires y luego frente al Congreso. “Esto no es un juicio contra mí, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”, sostuvo la abogada de 69 años, que fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015.
La vicepresidenta, que goza de fueros parlamentarios, había solicitado para este martes una ampliación de su declaración indagatoria, pero el tribunal desestimó el pedido, al considerar que esa etapa ya había cerrado y que la vicepresidenta podrá exponer sus puntos en los alegatos de la defensa a partir del 5 de septiembre.
“Son 12 años (de pedido de cárcel), los 12 años del mejor gobierno que tuvo Argentina en las últimas décadas, por eso piden 12 años. Por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”, exclamó. “Quieren tomarse revancha, esto disciplina a la clase política para que nadie se atreva a hacer dos veces lo mismo”, afirmó Fernández de Kirchner.
¿De qué la acusan?
La declaración de Fernández de Kirchner fue criticada por varios dirigentes de la oposición de centro-derecha, entre ellos Patricia Bullrich, presidenta del partido Pro, del exmandatario Mauricio Macri (2015-19). “En vez de defenderse de las acusaciones, habla de otra cosa totalmente distinta. Típica maniobra de dilación. El Tribunal será quien decidirá si lo que ha dicho el Fiscal es suficiente o no. La vicepresidenta tiene que esperar y luego tendrá la posibilidad de ir al Tribunal de Casación”, dijo la funcionaria a la prensa.
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La acusación se remonta a sus dos períodos como presidenta (2007-15) y al anterior (2003-2007) de su esposo, Néstor Kirchner, fallecido en 2010. La causa la describió como jefa de una asociación ilícita, con la que supuestamente orientó la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez. La Fiscalía estimó en unos US$1.000 millones la suma que habría sido defraudada al Estado.
El proceso judicial comenzó en 2019 y se estima que el veredicto de los jueces se conocerá hacia finales de año. En caso de condena, Fernández de Kirchner puede apelar. Hasta que no haya una sentencia firme de la Corte Suprema, y debido a su inmunidad política como vicepresidenta y titular del Senado, no iría presa ni tampoco quedaría inhabilitada.
Ella ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos cuando fue presidenta, pero aún enfrenta cinco procesos.
Las manifestaciones a favor de la vicepresidenta argentina
Al terminar su intervención, Fernández de Kirchner salió al balcón del Congreso para saludar entusiasta a los manifestantes que la esperaban. Además de esas muestras de apoyo, recibió la solidaridad de algunos líderes de izquierda de la región, como los expresidentes Evo Morales, de Bolivia, y Dilma Rousseff, de Brasil.
“Manifiesto mi más incondicional solidaridad con la vicepresidenta de Argentina y presidenta del Senado argentino, Cristina Fernández de Kirchner”, escribió en su cuenta de Twitter la exmandataria de Brasil. Morales, en tanto, dijo que “como habíamos advertido, la hermana @CFKArgentina es víctima de un ataque inclemente de ‘lawfare’, o guerra política, que usa a la justicia como arma para inhabilitarla. Repudiamos la actuación de fiscales que imitan al (brasileño) juez (Sergio) Moro”.
