Detienen a seis personas acusadas de difamar por Twitter a figuras públicas y allanan caja de crédito

Foto cortesía FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó este viernes un operativo donde se detuvo a una supuesta red de personas que cometían delitos informáticos, según la Fiscalía.

Los detenidos fueron identificados como Alex David Hernández Buendia, Josué Isaías Carpaño Carrillo, Luis Alberto Celis Méndez, Josseline Raquel Hernández Hernández, David Ernesto Reyes Leiva y Eric Ricardo Zelaya Ramos.

Según las investigaciones iniciales, Eric Zelaya entregó dinero para que se realizaran publicaciones calumniosas, a través de la cuenta de Twitter conocida como “El Comisionado”; donde se difamaba y revelaba información personal de figuras públicas, personas particulares y vinculadas a partidos políticos.


El operativo fue realizado en: Santa Tecla, San Salvador, Quezaltepeque y Lourdes Colón. El fiscal agregó que se realizaron seis allanamientos y se incautaron computadoras y teléfonos celulares de las personas involucradas que servirán para robustecer el proceso investigación.

Los seis detenidos que serán llevados ante los tribunales en los próximos días y son acusados de los delitos de  Utilización de Datos Personales y Revelación Indebida de Datos con Información de Carácter Personal, los cuales están regulados en los artículos 24 y 26 de la Ley Especial de  Delitos Informáticos.

Allanamiento

La Unidad de Delitos de Extorsión y Crimen Organizado realizó un registro con prevención de allanamiento en la Caja de Crédito del municipio de Colón, departamento de La Libertad.

Desde ese lugar se maquinaba todo el aparataje de publicaciones difamatorias que eran financiadas por el presidente de la entidad, Eric Zelaya, quien entregó dinero para que se realizaran publicaciones calumniosas e información personal de figuras públicas, personas particulares y vinculadas a partidos políticos, a través de la cuenta de Twitter conocida como “El Comisionado”, sostuvo la Fiscalía.

«La investigación preliminar indica que toda la maquinaria y el sistema informático de esa institución fue utilizado para cometer los delitos de Utilización de Datos Personales y Revelación Indebida de Datos con Información de Carácter Personal, previstos y sancionados en los artículos 24 y 26 de la Ley Especial de Delitos Informáticos; el primer ilícito tiene una pena de prisión de cuatro a seis años, y de tres a cinco años de cárcel, el segundo», informó el ministerio público.

Además, se plantea que cuando la revelación indebida de datos se realice con fines de lucro el castigo de prisión aumenta de cuatro a ocho años.