Reformas a Ley de Ocursos impedirán a pandilleros pedir indultos

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La Asamblea Legislativa aprobó en la plenaria del martes una serie de reformas a la Ley Especial de Ocursos de Gracia, que tiene como objetivo que las personas condenadas por corrupción o vínculos con  pandillas cumplan castigos por sus crímenes sin opción a indultos.

Los cambios en la normativa incorporan el artículo 13. En él se establece que quienes han causado un daño a las víctimas y a la sociedad no podrán recurrir a un indulto para recuperar su libertad sin antes haber cumplido las condenas impuestas.

Con el aval hecho por la Asamblea, las personas que han ocupado un cargo público, y valiéndose de ello han cometido delitos, tampoco podrán hacer uso de esa figura.

La diputada Rebeca Santos, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, explicó que con estos cambios a la ley se guarda coherencia con la legislación penal vigente.

 «Gracias a las reformas de la Ley Especial de Ocursos de Gracia, quienes cometan graves delitos no podrán evadir la justicia. Ahora, la normativa no será utilizada por cualquiera que cometa un ilícito para solicitar indulto. Quedan excluidos (para hacer la petición) los delitos de lesa humanidad cometidos por funcionarios en el ejercicio de su cargo, homicidio simple, agravado, feminicidio, los delitos relativos a la administración pública, entre otros», manifestó la legisladora. 

El diputado Samuel Rivas agrego que las enmiendas harán posible que los delitos que atentan contra la integridad de la persona no sean perdonados.

 «Estas reformas vienen a sumar al trabajo que ya está haciendo el Presidente Nayib Bukele en el combate a la delincuencia”, apuntó el parlamentario.

Antes de emitir un dictamen favorable, la mesa legislativa recibió aportes técnicos jurídicos de la Procuraduría General de la República, el Consejo Criminológico Nacional, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Todos los delegados coincidieron en era necesario reformar la ley para que el perdón de la pena no fuera para todo tipo de delitos.