Los diputados de la Comisión Especial de Antejuicio contra del legislador Érick Alfredo García instalaron este jueves la primera sesión de trabajo.
Dicha mesa legislativa, presidida por el parlamentario Ernesto Castro, inició el estudio de la petición realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) para retirarle el fuero constitucional de García.
El Ministerio Público le imputa al legislador el delito de falsedad ideológica, tipificado en el artículo 284 del Código Penal y castigado con una pena de entre tres y seis años de prisión.
“El trabajo de esta comisión, que fue conformada en la sesión plenaria 117, es bajo el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Este proceso reúne los requisitos legales pertinentes del requerimiento fiscal”, expresó el diputado Castro.
En la sesión de trabajo se acordaron tres etapas: La presentación de pruebas y la recepción de invitados (fiscales del antejuicio y los abogados defensores); la exposición de alegatos; y el análisis de pruebas, la discusión y la emisión del dictamen correspondiente. A la vez, juramentaron al abogado José Oswaldo López, quien será el notificador del caso.
La acusación fiscal contra García inició luego de que el asesor de seguridad nacional de la Presidencia de la República, Alejandro Muyshondt, publicara en su cuenta de Twitter una serie de audios en los que el parlamentario admite que firmó, el 7 diciembre de 2020, un contrato de préstamo por $90,000 a su asesor jurídico, Luis Alonso Portillo Turcios. El documento que plasma esto, denominado mutuo simple, fue alterado.
“Estamos enviando un mensaje claro, firme y contundente a la nación, porque vamos a trabajar con el principio de honradez y honestidad”, afirmó el diputado José Urbina, quien funge como vocal en este proceso. “Ha costado mucho recuperar la confianza de esta institución, porque la vieja Asamblea era la escuela de la corrupción y de acá se graduaron los peores corruptos”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Caleb Navarro, quien es el relator del caso, aseveró que el fuero constitucional no es ninguna causal de impunidad en esta Asamblea Legislativa y “esto se debe de retirar a cualquier diputado que cometa ilícitos para que responda ante las autoridades pertinentes para ser llevados a los tribunales correspondientes para que paguen por sus actos”.
El presidente Castro reiteró que los diputados están en la obligación de no cubrir nada y de llegar hasta la verdad, sea cual sea esta, por respeto al pueblo salvadoreño: «No vamos a repetir lo que los anteriores diputados cometieron”.
Además, el parlamentario informó que la comisión no dilatará el tiempo, porque el pueblo salvadoreño necesita respuestas rápidas. Por ello, dejó abierta la sesión y será convocada en cualquier momento que considere necesario.
Fiscales: hay compromiso de luchar contra corrupción
Los diputados Marcela Pineda y Giovanny Zaldaña fueron nombrados fiscales en el proceso de antejuicio contra García.
“Nuestro compromiso de luchar contra la corrupción está más fuerte que nunca. Se acabó la época en que el fuero era la principal protección de cada uno de los funcionarios públicos y hemos venido a servirle al pueblo salvadoreño y no a servirnos de él”, aseguró la parlamentaria Pineda.
Mientras que Zaldaña aseguró que acreditarán cada uno de los hechos conforme a lo legal y harán uso de los mecanismos necesarios para poder llegar a la verdad y esclarecer todo lo que ha sucedido, para que luego sea el pleno legislativo el que decida si se desaforará a García.
“En el pasado, ya fueron suficientes las malas acciones cometidas por legislaturas y gobiernos anteriores. Como futuro, debemos demostrar que estamos del lado correcto de hacer política y que las cosas ya no se hacen como antes”, afirmó Zaldaña.
