Arévalo pide a la OEA que inste al gobierno de Guatemala a acabar con «acoso» de fiscalía

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, llega a una conferencia de prensa luego de reunirse con el presidente saliente de Guatemala y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos para iniciar un proceso de transición, en la Ciudad de Guatemala, el 4 de septiembre de 2023. El socialdemócrata Bernardo Arévalo, y el presidente saliente de derecha, Alejandro Giammattei, con la presencia del jefe de la OEA, Luis Almagro, se reunieron el lunes para iniciar un proceso de transición que debería culminar en enero, cuando se espera que Arévalo asuma el cargo. El encuentro se produjo en medio de tensiones por la persecución de la Fiscalía contra el partido Semilla de Arévalo, quien el viernes denunció un plan de "golpe de Estado" para impedirle asumir el cargo. El máximo tribunal electoral de Guatemala levantó temporalmente el domingo la descalificación del partido. (Foto de Johan ORDÓNEZ/AFP)

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo llamó este martes a la OEA a exhortar al gobierno a poner fin al «acoso» de la fiscalía, porque a veces los golpes de Estado no se dan «con bayonetas» sino «desde las cortes».

Durante una sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos, el líder socialdemócrata solicitó que «se emita una declaración o resolución» en «términos claros y contundentes» sobre la crisis en Guatemala, donde millas de manifestantes exigen la renuncia de la fiscal general por su embestida judicial contra Arévalo, su partido Semilla y el tribunal electoral.

El ganador de las elecciones de agosto estima que el texto debe instar al gobierno del presidente derechista Alejandro Giammattei «a cumplir con sus responsabilidades constitucionales, con sus compromisos con la democracia, para instruir al ministerio público a que cese el acoso y la persecución penal» .

«Lo que estamos viviendo en nuestro país es una persecución política por medio de acciones judiciales sin fundamento real», insistió por vía telemática Arévalo, quien debe asumir el cargo en enero.

– «Bayonetas» –

Se trata, aseguró, de un fenómeno que se da en distintos países «donde los golpes de Estado tradicionales llevados a cabo con fuerzas de seguridad y con bayonetas han sido reemplazados por actos de aparente legalidad, pero con las mismas multas, que se llevan a cabo desde las cortes de justicia y desde los Congresos».

El país centroamericano atraviesa una grave crisis sin aparentes visos de solución.

La OEA envió a delegaciones en varias ocasiones y ahora, a petición del gobierno guatemalteco, debe establecer un proceso de mediación, que se anuncia complicado.

Giammattei desmiente al presidente electo, al asegurar que no se puede cometer un «golpe de Estado» contra alguien que no ha asumido la presidencia, y le invita a reunirse con los delegados de la OEA, pero ha calificado de «ilegales» los bloqueos de los manifestantes.

Arévalo salió este martes en defensa de los manifestantes pacíficos.

– Interlocutores –

«Es conveniente determinar bien entre quiénes podrían darse una mediación si se espera» que «dé lugar a acuerdos serios», afirmó, y propuso que se haga entre el gobierno, que tiene «el control real» sobre la fiscalía, y los líderes de los pueblos originarios, que han convocado la movilización, a la que se han sumado estudiantes, profesores, médicos y otros gremios.

«Ellos son ahora los interlocutores legítimos en cualquier diálogo que pueda darse con el gobierno» en torno a la crisis, afirmó el presidente electo.

En la sesión también intervino el canciller guatemalteco, Mario Búcaro. «El derecho de manifestación no es absoluto» sino que «tiene sus propios límites», dijo en la sede de la organización en Washington.

Como ha hecho en otras ocasiones, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, criticó duramente a la fiscalía, cuyas acciones «de confiscar material electoral no son aceptables».

La OEA «no reconoce al ministerio público como autoridad electoral», reiteró.

«Es muy importante», según Almagro, que todos los actores políticos, incluido el Ejecutivo, «dejen claro, muy claro que se separan de las acciones inconstitucionales, de las acciones ilegales del ministerio público».

Entre tanto la fiscal general, Consuelo Porras, considerada «corrupta» y «antidemocrática» por Estados Unidos, se niega a dimitir.

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