Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en U.S.A
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una revisión amplia de casos de residencia permanente (green cards) y la suspensión de ciertos trámites de asilo y reasentamiento de refugiados, medidas que la Casa Blanca y la oficina de inmigración (USCIS) presentan como respuestas a riesgos de seguridad, pero que han suscitado críticas de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.
La orden ejecutiva y los memorandos internos firmados por autoridades de la administración instruyen a U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) a realizar una “reexaminación rigurosa” de green cards concedidas a personas procedentes de lo que la Casa Blanca ha llamado “países de interés” y a pausar el procesamiento de solicitudes de residencia vinculadas a refugiados admitidos durante la presidencia de Joe Biden. El memo, atribuido al director de USCIS Joseph Edlow, abarca a decenas de miles de personas y —según reportes— podría afectar a alrededor de 233,000 refugiados admitidos entre enero de 2021 y febrero de 2025; además ordena detener temporalmente solicitudes de ajuste de estatus en esos grupos mientras se completa la revisión.
La administración justificó la medida citando motivos de seguridad nacional tras el atentado ocurrido en las cercanías de la Casa Blanca, en el que un ciudadano afgano arrestado como sospechoso habría entrado al país bajo programas de reasentamiento posteriores a 2021. El presidente Trump llegó a anunciar la intención de “pausar permanentemente” la inmigración desde lo que él denominó “Third World countries” (países del Tercer Mundo), frase que generó fuerte polémica por su ambigüedad y carga política.
Reacciones contrarias y preocupaciones legales
Organismos internacionales, entre ellos agencias de la ONU, y múltiples organizaciones de la sociedad civil han pedido al gobierno estadounidense que mantenga el acceso al asilo y respete las obligaciones internacionales sobre protección de refugiados, advirtiendo que las revisiones masivas y las suspensiones pueden dejar a personas vulnerables en situación de riesgo y violar procedimientos de debido proceso. ONG como World Relief y agrupaciones pro-derechos civiles han calificado la acción de “retraumatizante” y anunciaron posible monitoreo y recursos legales.
Desde el punto de vista legal, expertos consultados por medios señalan que someter a reexamen y, en algunos casos, revocar estatus ya concedidos abre un terreno complejo que podría encontrar resistencia en los tribunales federales. La autoridad administrativa tiene márgenes para revisar casos cuando hay indicios de fraude o riesgos concretos, pero las acciones de escala masiva suelen confrontarse con demandas que invocan protección procesal, la revisión administrativa adecuada y acuerdos internacionales.
Según la comunicación interna de USCIS y los reportes periodísticos basados en ella, la revisión implica reabrir evaluaciones de admisibilidad, entrevistas adicionales y la posibilidad de iniciar procedimientos de remoción para quienes se considere que obtuvieron su estatus por medios irregulares o que representan un riesgo. Mientras tanto, ciertos procesos —como la tramitación para refugiados admitidos en el periodo señalado— permanecerían suspendidos hasta nuevo aviso, lo que implica demoras administrativas y un aumento de la incertidumbre para familias ya instaladas en EE. UU.
La medida fortalece la narrativa de la administración sobre mano dura en inmigración y seguridad, un tema central para el presidente, pero también levanta interrogantes sobre impacto humanitario, costos administrativos y litigiosidad que podrían obligar a cortes a dirimir la legalidad de pasos concretos. A corto plazo es probable que ONG, estados y defensores de refugiados presenten demandas o solicitudes de medidas cautelares; a mediano plazo, el Departamento de Justicia y las oficinas administrativas tendrán que especificar criterios y procedimientos para las revisiones si quieren sostener la iniciativa ante tribunales.
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