La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Fiscalía General de la República (FGR) formalizaron este jueves una nueva etapa de cooperación interinstitucional mediante la firma de una Carta de Entendimiento, con la que ambas entidades se comprometen a unir esfuerzos y recursos destinados a fortalecer las competencias técnicas y jurídicas de su personal.
El acuerdo, suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el fiscal general, Rodolfo Delgado, establece un marco general de colaboración que permitirá desarrollar programas de formación, asistencia técnica, capacitación, especialización y extensión académica. El enfoque central del convenio es la modernización y fortalecimiento del aula virtual institucional, considerada un eje estratégico para impulsar el aprendizaje permanente de los equipos de ambas instituciones.
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Durante la firma, el presidente Sosa destacó la importancia de mantener una coordinación estrecha entre las entidades responsables del control y la investigación del uso de los recursos públicos.
“No está de más recordar que con la Fiscalía General de la República nos une un propósito común: el combate a la corrupción. Ahora que somos parte del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, nos corresponde trabajar coordinadamente para el logro de ese fin”, afirmó.
La Corte de Cuentas ha fortalecido en los últimos años su estrategia de cooperación interinstitucional como parte de su compromiso con la modernización del Estado. Entre las alianzas más recientes destacan convenios con el Consejo Nacional de Calidad, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), el Centro Nacional de Registros (CNR) y la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública, así como una Carta de Entendimiento con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Con este nuevo acuerdo, ambas instituciones buscan consolidar un modelo de formación continua que permita responder a las necesidades actuales del sector público, mejorar los procesos de auditoría y fortalecer las capacidades para la prevención e investigación de posibles actos de corrupción.
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