Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) tomó nota de la declaratoria oficial de la elección presidencial en Honduras, al tiempo que expuso un complejo escenario poselectoral caracterizado por la polarización política, debilidades institucionales y episodios de violencia que pusieron a prueba la gobernabilidad democrática del país.
Encabezada por el ex canciller paraguayo Eladio Loizaga, la misión reconoció que la decisión fue adoptada por el órgano electoral constitucionalmente competente, aunque subrayó que el ambiente de confrontación impidió que las autoridades electorales desarrollaran su labor con la autonomía y serenidad necesarias, afectando incluso su seguridad personal y la de sus familias. Este señalamiento revela un deterioro del entorno democrático que va más allá del acto electoral en sí.
En su evaluación de fondo, la MOE/OEA sostuvo que no identificó irregularidades fraudulentas de carácter determinante, reafirmando que los resultados proclamados reflejan la voluntad popular expresada en las urnas. Sin embargo, el organismo reconoció la existencia de sectores políticos y sociales que cuestionan tanto el proceso como su desenlace, ante lo cual instó a que cualquier inconformidad sea canalizada mediante los mecanismos legales establecidos, como vía para preservar la estabilidad institucional.
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El análisis de la misión también pone de relieve fallas estructurales en la administración electoral, particularmente durante la fase poselectoral. Entre ellas, mencionó retrasos en la gestión del material electoral y limitaciones en el uso de herramientas tecnológicas para el procesamiento de resultados, factores que afectaron la oportunidad y claridad de la información oficial. Si bien estas deficiencias no comprometieron la integridad del proceso, sí contribuyeron a un clima de incertidumbre, exacerbado por la falta de comunicación institucional oportuna por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
A este escenario se sumaron episodios de violencia en instalaciones clave del proceso electoral, como el Centro Logístico Electoral y el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), que obligaron al repliegue temporal de los equipos de observación internacional en varias ocasiones. La OEA condenó estos hechos y los calificó como inaceptables, advirtiendo que este tipo de acciones erosiona la confianza pública en las instituciones democráticas.
Particular preocupación expresó la misión por los actos de hostigamiento y violencia dirigidos contra mujeres que participaron como miembros de mesa durante el escrutinio especial, un hecho que, según la OEA, contradice de forma directa los principios democráticos y de participación inclusiva que deben regir los procesos electorales.
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Desde una perspectiva más amplia, la MOE/OEA documentó conflictos internos en el seno del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), un marco normativo insuficiente, resistencias de actores políticos y sociales, así como limitaciones técnicas tanto de las instituciones electorales como de las empresas contratistas. Estas condiciones generaron retrasos, problemas logísticos y momentos de parálisis institucional, evidenciando la necesidad de reformas estructurales al sistema electoral hondureño.
Pese a este diagnóstico crítico, la misión concluyó que no existen elementos que permitan sostener que las dificultades observadas hayan tenido como objetivo o efecto alterar la voluntad popular, reafirmando así la validez de los resultados electorales declarados, pero dejando abiertas interrogantes sobre la fortaleza institucional y la calidad de la gobernanza democrática en el país.
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