Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa EE.UU.
Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó una orden ejecutiva orientada a fortalecer la seguridad nacional y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses, mediante un mayor acceso e intercambio de información sobre antecedentes penales de personas extranjeras involucradas en actividades criminales o que infrinjan las leyes migratorias del país.
La medida establece como política central del Gobierno federal la protección de las fronteras y de la seguridad pública frente a actores criminales, incluidos ciudadanos extranjeros con antecedentes penales que hayan ingresado o permanecido en el país de manera irregular o que intenten violar las leyes penales estadounidenses.
En ese marco, la orden amplía las facultades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para acceder, en la máxima medida permitida por la ley, a los registros de antecedentes penales (CHRI) que se encuentran bajo custodia de agencias federales de justicia penal. El objetivo es reforzar los procesos de verificación, investigación y selección vinculados a inmigración y control fronterizo.
La disposición instruye además al Fiscal General a proporcionar al DHS acceso a la información criminal disponible en el Departamento de Justicia, con el fin de apoyar las misiones de seguridad, detección de amenazas y prevención del ingreso de personas peligrosas al territorio estadounidense.
Otro eje clave de la orden es el intercambio internacional de información penal. El secretario de Seguridad Nacional queda habilitado a compartir registros de condenas por delitos graves con países que integran el Programa de Exención de Visas (VWP), así como con otros Estados aliados que mantengan acuerdos bilaterales o multilaterales con Estados Unidos en materia de prevención y combate del crimen grave. Dicho intercambio se realizará exclusivamente para evaluar a viajeros e inmigrantes y estará condicionado al principio de reciprocidad, además de incluir salvaguardas destinadas a proteger la privacidad de las personas conforme a la legislación vigente.
El texto aclara que la implementación de la orden estará sujeta a las leyes aplicables y a la disponibilidad presupuestaria, y que no crea derechos ni beneficios exigibles ante los tribunales. Asimismo, se establece que los costos de publicación de la medida serán asumidos por el Departamento de Seguridad Nacional.
