El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca cuenta con una orden de libertad a partir del 27 de octubre de 2026, luego de cumplir la condena de 10 años de prisión que recibió por delitos relacionados con el desvío de fondos públicos durante su administración. Sin embargo, hasta el último reporte disponible, no se había confirmado oficialmente que abandonara el centro penitenciario.
La información fue publicada el martes 27 de octubre por La Prensa Gráfica, que citó fuentes judiciales para confirmar la emisión de la orden. El medio indicó que consultó a la Dirección General de Centros Penales y a la representación legal del exmandatario, pero no obtuvo confirmación sobre la ejecución de la medida.
Saca permanece vinculado al caso conocido como “Destape a la Corrupción”, una investigación que estableció el desvío de aproximadamente $301 millones de fondos públicos durante su gobierno, entre 2004 y 2009.
Una condena por corrupción
El 13 de septiembre de 2018, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó al exmandatario a 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Saca aceptó los hechos atribuidos por la Fiscalía mediante un procedimiento abreviado, que permitió reducir la pena solicitada.
Además de la condena penal, el tribunal estableció una responsabilidad civil de aproximadamente $260.7 millones a favor del Estado por los fondos desviados.
El expresidente también recibió una condena de dos años de prisión en 2019 por el caso conocido como “Transes”, relacionado con el pago de $10,000 a una empleada judicial para obtener información sobre un proceso civil en su contra. Según los antecedentes judiciales citados por la prensa, esa pena fue computada de manera que no se sumara al final de la condena principal.
La libertad no elimina las obligaciones económicas
La eventual salida de prisión no significa que desaparezcan las responsabilidades civiles impuestas al exmandatario.
En otro proceso, relacionado con enriquecimiento ilícito, una resolución judicial ordenó a Saca devolver al Estado aproximadamente $3.8 millones. Asimismo, en un caso relacionado con fondos provenientes de Taiwán, se le atribuyó una responsabilidad civil de $6 millones.
En marzo de 2026, además, un juzgado especializado ordenó que 25 inmuebles, un vehículo y ocho productos financieros vinculados con el expresidente pasaran a manos del Estado, con un valor estimado conjunto de $9.6 millones.
Estos procesos patrimoniales son independientes de la condena de prisión cuyo cumplimiento dio lugar a la reciente orden de libertad.
Hasta el momento, la información disponible permite confirmar la emisión de la orden, pero no establecer de manera independiente la hora o fecha efectiva de excarcelación. La confirmación de las autoridades penitenciarias o judiciales resulta clave para precisar cuándo se hará efectiva la medida.
