La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los bienes, empresas, inmuebles, vehículos y otras propiedades sujetas a medidas estatales vinculadas al caso del expresidente Elías Antonio Saca continuarán bajo custodia del Estado, conforme a las disposiciones legales y judiciales aplicables.
El pronunciamiento se produjo tras conocerse que Saca tiene una orden de libertad vigente desde el 27 de octubre de 2026, luego de cumplir su condena de 10 años por peculado y lavado de activos.
La libertad no extingue las obligaciones económicas. El tribunal le ordenó devolver $260.7 millones al Estado, de unos $301 millones desviados durante su gestión entre 2004 y 2009. Además, en marzo de 2026 un juzgado especializado dispuso que 25 inmuebles, un vehículo y ocho productos financieros vinculados con Saca pasaran al Estado, con un valor conjunto estimado en $9.6 millones.
Según datos divulgados por la FGR el 14 de abril de 2026, Saca debía reintegrar $3,892,698.71, y su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca, $589,608.42.
#ComunicadoOficial Ante la salida del expresidente Elías Antonio Saca, tras cumplir una condena de una década de prisión, la Fiscalía General de la República considera necesario aclarar a la población los siguientes aspectos: 1. Sobre el proceso judicial y la condena El caso que culminó con la condena del expresidente Elías Antonio Saca fue estructurado durante la gestión del entonces fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, bajo cuya administración también se acordó la pena impuesta. 2. Sobre los bienes vinculados al caso La Fiscalía aclara que los bienes, empresas, inmuebles, vehículos y demás propiedades sujetas a medidas estatales continuarán bajo la custodia del Estado salvadoreño, conforme a las disposiciones legales y judiciales aplicables. 3. Sobre las acciones de la actual administración En el marco de las revisiones internas efectuadas por la actual administración de la Fiscalía, se identificó un plan atribuido al entonces fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, que contemplaba mecanismos legales orientados a permitir que el expresidente Saca recuperara su libertad antes de cumplir íntegramente la condena de una década de cárcel, incluso en un plazo inferior a la mitad de la pena impuesta. Dicho plan fue desarticulado por la actual administración de la Fiscalía General de la República, que adoptó las medidas correspondientes para evitar que se concretara. La Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de los intereses del Estado salvadoreño. *Exhortamos a la población a informarse a través de los canales oficiales de la institución, a fin de evitar la difusión de información imprecisa o especulaciones sobre este caso.*
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 28, 2026
Señalamiento contra la gestión anterior
En el mismo comunicado, la Fiscalía afirmó que el caso fue estructurado durante la gestión del entonces fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, bajo cuya administración también se acordó la pena. Sostuvo que, en revisiones internas, la actual administración identificó un plan atribuido a Meléndez para que Saca recuperara su libertad antes de cumplir la condena, incluso en menos de la mitad de la pena. Según la FGR, ese plan fue desarticulado.
La institución no detalló en qué consistía el plan ni presentó pruebas. Tampoco precisó cuáles fueron las medidas adoptadas para frenarlo. EMD no encontró una respuesta pública de Meléndez a estos señalamientos.
Antecedentes
Saca fue condenado el 12 de septiembre de 2018. Aceptó haber cometido peculado y lavado de dinero a cambio de un juicio abreviado, que redujo la pena a 10 años frente a los más de 25 que pudo recibir. Había sido detenido el 30 de octubre de 2016.
La fecha de cumplimiento tuvo varios cómputos. En 2020 un juzgado de vigilancia penitenciaria la fijó en octubre de 2028; después, una cámara resolvió que se contaba a partir de 2016 y que la salida correspondía en octubre de 2026.
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