El Metropolitano Digital
Nuevamente las familias que habitan en la comunidad El Espino en Antiguo Cuscatlán se encuentran frente a una inminente orden de desalojar sus viviendas, que construyeron en un terreno propiedad de la familia Dueñas Herrera, que ahora y tras un largo litigio reclama su inmueble.
Hace una semana, por petición del Gobierno, el Juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, José Antonio Palma, dio como plazo ocho días para que las familias desalojaran por cuenta propia. Ese plazo vence este martes.
El director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos y la Gobernadora de San Salvador, se han reunido con los habitantes de la comunidad, quienes solicitan más tiempo para desalojar.
Otras familias, por cuenta propia, ya empezaron a abandonar sus viviendas y comienzan a trasladar sus pertenencias a otro lugar.
El Procurador de Derechos Humanos, David Morales, anunció en su cuenta de tuiter que entregará una medida cautelar al Juez de Paz, exhortándole a dar un mes a las familias afectadas para que puedan buscar otra vivienda.
«El Juez debe atender estándar de Derechos Humanos y permitir plazo razonable para que el gobierno otrogue alternativas a familias de El Espino», escribió el funcionario.
El gobierno se comprometió a no dejar en abandono a las 70 familias afectadas y hoy puso a la disposición albergues temporales y camiones para las personas que decidan desalojar.
