Por: Liset Orellana
El equipo gestor del anteproyecto de Ley de Probidad Pública iniciará este jueves la campaña #MasProbidad #MenosCorrupción, que busca estimular a los diputados de la Asamblea Legislativa para que aprueben el anteproyecto de ley.
En vallas, mupis, televisión, prensa escrita, medios digitales y cuñas radiales, se enfatizará sobre la necesidad de una Ley de Probidad para prevenir, detectar y combatir cualquier modalidad de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.
El próximo 19 de octubre el grupo gestor acudirá al seno de la comisión de Legislación en la Asamblea Legislativa para discutir la propuesta. Desde hace 56 años existe la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito que busca derogarse para reforzar, entre otras cosas, las sanciones a los funcionarios que incumplan la normativa.
“La probidad es una bala certera a la corrupción”, expresó Javier Argueta, miembro del grupo.
El estudio del anteproyecto es impulsado por varias organizaciones y contempla sanciones que van desde los $440 hasta los $26,400 para los servidores que no presenten su declaración de probidad o lo hagan de forma incompleta.
Roberto Rubio, del grupo gestor, dice que de aprobarse el anteproyecto se necesitará de una Fiscalía más “funcional” para actuar contra el enriquecimiento ilícito. “Este país necesita un fiscal decente”, expresó.
El anteproyecto contiene 63 artículos y es impulsado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Universidad Francisco Gavidia y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
La probidad se refiere a la honradez, honestidad, integridad y rectitud del comportamiento de un individuo.
