Por: Elizabeth Ramos
Representantes de la sociedad civil y promotores del anteproyecto de Ley de Probidad Pública, expusieron este lunes el contenido de la normativa ante los diputados de la Asamblea legislativa para su discusión.
El anteproyecto de ley, que tiene como objetivo el combate y prevención de la corrupción, propone que se amplíe el plazo de prescripción de delitos. Actualmente los casos prescriben a los 10 años.
Otra de las novedades es la ampliación del número de funcionarios y empleados públicos que deben declarar sus bienes. La declaratoria deberá contemplar aspectos como el monto de dinero en efectivo que posee al iniciar sus funciones, los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, ingresos y egresos tanto en activos como en pasivos, y cualquier modificación en su patrimonio inicialmente declarado.
Las multas para los funcionarios y empleados públicos que no declaren sus bienes al inicio del período en el cargo irán desde $2 mil hasta $30 mil o el equivalente de 2 a 120 salarios mínimos. Las multas serán aplicadas de acuerdo al cargo del infractor.
Además de las multas económicas, se podrá proceder a la inhabilitación del cargo que desempeñe y extenderse hasta cinco años más de finalizar su gestión.
José Miguel Arévalo, representante del equipo gestor de la iniciativa de Ley, enfatizó que «el equipo defiende a capa y espada el combate a la corrupción» y a la vez expresó su satisfacción con los aportes de los legisladores, de todas las fracciones, que se mostraron a favor de la propuesta de Ley.
Claudia Umaña, del equipo gestor, dijo que será competencia de la Corte Suprema de Justicia la creación y administración de la Dirección de Probidad (Institución contralora) y a la vez el aporte presupuestario para su funcionamiento.
