Agencias
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela denunció ayer un golpe de estado institucional impulsado por el presidente, Nicolás Maduro, después de que el Tribunal Supremo (TS) decidiese asumir todas las competencias del Legislativo por considerar que el Parlamento se mantiene «en desacato».
«Es un golpe de Estado, y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras: en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado», afirmó el presidente del Parlamento, Julio Borges, quien instó al Ejército a salir de su «silencio» frente a «la ruptura del orden constitucional».
Con el respaldo de la mayoría opositora que controla el Parlamento, Borges anunció asimismo que la Asamblea se mantendrá en su sitio, seguirá cumpliendo con sus obligaciones e ignorará al Tribunal Supremo por haber sido elegido por el chavismo «para gobernar fuera de la Constitución».
En su sentencia 156, calificada de «ilegal, arbitraria e inconstitucional» por juristas como Allan Brewer Carías, la Sala Constitucional del TS toma las riendas del Legislativo y de un plumazo elimina la inmunidad de los diputados. También plantea emplear la Ley Marcial contra los civiles en caso de «conmoción nacional», decisión que favorecería la posterior declaración del estado de sitio y toque de queda.
Como medida de protesta, Perú retiró a su embajador por lo que consideró una «decisión inaceptable».
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció un «autogolpe». El canciller mexicano, Luis Videgaray, mostró la preocupación de su Gobierno por lo que considera un «deterioro del orden democrático. El Gobierno de Chile expresó su «alta preocupación». Y el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, señaló que «no es una decisión tranquilizadora».
Algunos diputados venezolanos calificaron la sentencia de «fujimorazo» por parte de Maduro con el fin de consolidar la dictadura chavista. Esta decisión representa la gota que ha colmado el vaso de la escalada de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo desde que la nueva Asamblea Nacional, mayoritariamente opositora, tomó posesión en enero de 2016.
El Tribunal Supremo de Justicia es el brazo jurídico de Maduro y se ha dedicado a boicotear todas las decisiones emanadas del Parlamento, dictando más de 40 sentencias contra todos los actos legislativos emitidos por los representantes de la soberanía popular en los últimos 15 meses.
Los diputados, en su gran mayoría, han repudiado el golpe chavista. Juan Miguel Matheus, de Primero Justicia, dijo que frente a la ficción jurídica y arbitraria del supremo tribunal está «el pueblo de Venezuela y la Asamblea Nacional como representantes del poder real». Y consideró que la sentencia es una clara usurpación de funciones. «Los magistrados firmantes de la ponencia deben asumir responsabilidades penales por ser los verdugos de la Constitución».
