Por: Remberto Dominguez
La Red por el Derecho a la Comunicación (REDCO) presentó este martes, una carta a la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, para incorporar en la Ley del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia, el Artículo 30, referido al rol que juegan los medios de comunicación en la prevención de la violencia y la promoción de una cultura de paz.
Para representantes de REDCO este artículo en ningún momento restringe la libertad de expresión o prensa a los medios de comunicación, más bien pretende hacer una apelación de autorregulación, la cual ya está establecida en la leyes del país; se plantea recordar a los medios que tienen que valorar los contenidos transmitidos al público receptor.
«El artículo 30, en nuestra opinión está en total sintonía con otras disposiciones que se refieren a los contenidos de los medios de comunicación, que ya han sido incluidos en otra leyes; por ejemplo, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) incluye regulaciones sobre los contenidos para que no afecten la salud mental de los jóvenes y adolescentes, al igual que la Ley para una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres», señaló el representante de REDCO Leonel Herrera.
Este proyecto de Ley fue presentado por el ministro de Justicia y Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde, a la Comisión de Seguridad Pública, donde se discutió el artículo 30 y principalmente el verbo imperativo «deberán» el cual puede ser cambiado, según Herrera, «pero lo preocupante es que unos diputados de la Comisión de Seguridad argumentaron que el artículo estaba bien; sin embargo, para agradar a los medios de comunicación de renombre deciden quitarlo, siendo un gesto antidemocrático», aseguró.
Aseguran que el referido artículo está en sintonía con la Constitución y tratados internacionales referidos a la libertad de pensamiento como : el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
El artículo también cumple los estándares de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
