Agencias
Mientras Pyeongchang se prepara para la ceremonia de clausura de las Olimpiadas “Juegos de la Paz”, 1,500 manifestantes se reunieron frente al Coliseo de Los Ángeles para exigir al gobierno de Corea del Sur que aplique sus leyes de libertad religiosa que no lograron salvar la vida de una joven.
La manifestación es parte de una ola internacional de protestas organizadas recientemente en más de 30 lugares, incluyendo Sudáfrica, Francia, Zimbabwe, Filipinas, Washington D.C. y San Francisco.
La joven mujer, Gu Ji-In de Corea del Sur, de 25 años, murió el 9 de enero del 2018 de un paro cardiopulmonar. Sus padres, quienes están siendo investigados por su muerte, colaboraron con pastores cristianos para inscribirla en un programa controversial que ganó fuerza en Corea del Sur llamado «Programa de Conversión Coercitiva».
Estos programas intentan cambiar forzosamente la creencia de un individuo a través de la intimidación psicológica, que implica abuso verbal y físico. Los líderes del programa de conversión, por lo general los pastores cristianos coreanos, llegan incluso a viajar a los EE. UU. para inducir temor en los miembros de la familia al persuadirlos de que su hijo, cónyuge o pariente pueden creer en una fe incorrecta y deben ser corregidos.
Aunque son prominentes en Corea del Sur, estos programas son promovidas directamente en el sur de California por las principales iglesias cristianas, muchas de las cuales han respaldado públicamente estos programas al vincularlos en la primera página de su sitio web.
«Tanto los Estados Unidos como la República de Corea son países que hacen hincapié en la importancia de la libertad de religión. Si las personas temen por sus vidas al practicar sus propias creencias, ¿cómo podemos llamar a cualquiera de estos países libres?, » Dijo Steven Acosta, de 32 años, voluntario de la Asociación de Derechos Humanos para Víctimas de Conversión Coercitiva (HAC).
Después de someterse a un programa de conversión por un período de 44 días en el 2016, la Srta. Gu escribió una carta de petición al presidente de la República de Corea, instando a un «cierre del programa de conversión, castigo legal a los pastores que llevan a cabo la conversión forzosa,» y el establecimiento de una ley que prohíba la discriminación religiosa. «No recibió respuesta.
Actualmente, se han registrado más de 1,287 víctimas de conversión coercitiva, y el número sigue creciendo, incluso a lo largo del mundo.
HAC está pidiendo al gobierno de Corea del Sur que tome medidas y reforme sus leyes de libertad religiosa para prohibir los programas de conversión coercitiva.
“Las Naciones Unidas destaca un artículo universal que declara, “Nadie sera sometido a la coerción, la cual impedirá su libertad para tener una religión o creencia de su elección.” Si, el gobierno de Corea del Sur tiene como objetivo proteger a sus ciudadanos, ellos deberían mantener este derecho universal” dijo Acosta.
