El Metropolitano Digital
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, vetó las recientes reformas hechas por la Asamblea Legislativa a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador (LEPPCES) por considerarlas inconstitucionales, debido a que corren peligro todos los bienes culturales del país al ser intervenidos sin tener una autorización previa de las instituciones.
A consideración del mandatario, la Asamblea realizó enmiendas que son inconstitucionales pues violan las normas de protección y promoción de derechos culturales y transgreden convenciones internacionales de obligatorio cumplimiento.
El gobernante envió su veto a la Asamblea y considera en el mismo que con la reforma a la Ley se modifican mecanismos de protección a los derechos culturales establecidos en la normativa, “con lo que resulta que en realidad no hay una interpretación de la ley, sino la creación de una nueva disposición, afectándose con ello el principio de irretroactividad de la ley como una concreción de la seguridad jurídica como valor fundamental”.
El jefe de Estado afirma que, con la modificación a la Ley de Patrimonio, el Estado salvadoreño no estaría protegiendo eficazmente el patrimonio arqueológico, histórico o artístico, lo cual el país estaría violando varias convenciones internacionales en las que está suscrito.
A inicios de agosto, la Asamblea reformó la LEPPCES que mandata a las entidades responsables de planes de desarrollo urbano y rural, obras públicas y construcciones o restauraciones privadas relacionadas con un bien cultural inmueble, a que soliciten autorización previa al Ministerio de Cultura, pero la interpretación hecha limita la solicitud de autorización únicamente a cuando estén “vinculadas directamente con un bien cultural así declarado”.
La modificación de la ley ocurre tras la recomendación de una comisión especial creada en el seno de los legisladores, para examinar el caso de la destrucción del sitio arqueológico Tacuscalco, en Sonsonate, por la empresa constructora Fénix, que arrancó un proyecto urbanístico sin contar con la aprobación de los Ministerios de Cultura y Medio Ambiente, y que tras varios paros de obra continuó la construcción provocando daños irreparables al lugar que data de la época prehispánica y a la vez se relaciona con un hecho histórico ocurrido durante la llegada de los españoles a dicho territorio.
