Por: Remberto Domínguez
El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez llegó este marte a la Asamblea Legislativa, para presentar un anteproyecto de Ley para la Prevención Control y Sanción de Lavado de Activos.
La propuesta de Ley se ha realizó en conjunto con instituciones públicas, privadas, con entidades cooperativas y personas particulares. La Ley está encaminada a la prevención de actos de terrorismo y de lavado de activos.
“En lo relacionado a la prevención y control, creemos que es un nuevo enfoque de ley, porque estamos tratando que la FGR no tenga que estar persiguiendo o haciendo grandes investigaciones sobre el lavado”, dijo Meléndez.
La ley tiene incorporado un Sistema Nacional de Prevención Anti Lavado, el cual permitirá prevenir, detectar y combatir el lavado de activos en las diferentes instituciones, que tendrán a su cargo cada una de las responsabilidades dentro del marco de sus propias competencias.
Es preciso mencionar que esta ley es integral, ya que recoge e incorpora en un marco normativo cuarenta recomendaciones que ha hecho El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , para evaluar a los países a nivel mundial sobre el lavado de activo.
Además, dentro del sistema nacional anti lavado se creará un Comité Interinstitucional para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el cual se ha denominado (CIPTAF).
“Este comité es un novedoso organismo consultivo y de coordinación nacional para diseñar y proponer al Órgano Ejecutivo políticas nacionales para combatir el lavado de activos”, agregó el Fiscal.
El CIPTAF estará constituido por 12 organizaciones públicas incluidas la Asamblea Legislativa y por tres sub comité técnico que contara con la participación del sector privado.
También, se asignará a las instituciones públicas, funciones de fiscalización, supervisión y vigilancia de sujetos obligados quienes serán supervisados por primera vez bajo esta ley, ejemplo de quienes se van a supervisar son: abogados, notarios, contadores, casino, comerciante de metales, entre otros.
A los abogados y notarios los supervisará la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en el caso de los partidos políticos será el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
