MONTEVIDEO (AP) — Por muchos años Uruguay fue un remanso de tranquilidad en América del Sur, pero la ola de violencia que lo ha sacudido en el último año fue de tal magnitud que para algunos analistas y organismos internacionales el país padece una “epidemia” de homicidios.
Uruguay tuvo un aumento de 45,8% en los homicidios en 2018, lo que elevó su tasa a 11,8 muertos por cada 100.000 habitantes, y si bien ésta no es comparable a la de las naciones más violentas del continente, sí es un registro inédito en este país, que además rebasa el de la mayoría de los territorios de Sudamérica. Además, más allá de las cifras, en la vida cotidiana las noticias de asesinatos se tornaron habituales: lo que antes conmovía hoy es rutina.
Graciela Barrera preside una asociación de víctimas y milita contra un fenómeno que parece incontenible. Ella nunca olvidará un día de 2009, cuando estaba en su avícola y le avisaron que su hijo Alejandro, que repartía pollos, acababa de ser asesinado por ladrones. Luego de un año de dolor y desconcierto, Barrera decidió hacer algo. Hoy se dedica a apoyar a las cada vez más numerosas víctimas del delito y a visitar cárceles para tratar de que los criminales comprendan el dolor que generan y ayudar a recuperarlos.
Otros uruguayos son partidarios de un cambio drástico. En menos de un año, 407.000 personas firmaron para convocar en octubre a un plebiscito que incorpore la cadena perpetua al código penal para casos de violación y asesinato de menores, sicarios y asesinos múltiples.
También se prepone otorgar participación a 2.000 militares en la seguridad pública, eliminar las libertades anticipadas para los delitos graves y permitir los allanamientos nocturnos si un juez autoriza.
Para convocar a un plebiscito se requiere que firme 10% del padrón, cifra sobrepasada por quienes proponen estas medidas, casi una sexta parte del electorado.
El alto número de voluntades reunidas es aún más significativo al considerar que la campaña fue impulsada en solitario por el senador Jorge Larrañaga, en minoría dentro del opositor Partido Nacional, y contó con el rechazo del gobierno y la indiferencia de la mayor parte de los líderes opositores.
Según cifras oficiales, en 2018 hubo 414 homicidios, un récord que impactó en la opinión pública de un país con aproximadamente 3,5 millones de habitantes. Las muertes violentas habían sido 284 en 2017 y ya venían en franco ascenso.
El registro de Uruguay es bajo frente a países como México, Brasil y El Salvador –con 27, 30 y 50,3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes respectivamente–, pero ya duplica el de Argentina, triplica el de Chile y muchos creen aquí que empeorará. El jefe Policía de Montevideo, Mario Layera, dijo meses atrás al diario El Observador que esta nación está rumbo a ser tan violento como El Salvador, porque cayó en una “anomia” y las leyes ya no se cumplen.
El aumento de robos y homicidios ganó espacio en las conversaciones diarias y en la campaña de las elecciones presidenciales de octubre. “Me ha pasado escuchar todo el tiempo en la calle conversaciones casuales sobre la inseguridad. El otro día fui a una sastrería a probarme un traje y el tema era ese. La gente está saturada”, dijo el politólogo Adolfo Garcé. Por todo el país pueden verse los carteles del candidato Edgardo Novick que piden “tolerancia cero a la delincuencia”.
Para el politólogo especializado en temas de seguridad Diego Sanjurjo, hoy Uruguay dejó de integrar el grupo de países con tasas bajas de homicidios como Chile y Argentina, y está migrado a un grupo con tasas “medias o medias altas”.
Él cree que el aumento radical en el número de robos está detrás del alza de homicidios. “Los delitos contra la propiedad han aumentado en forma exponencial. Eso hizo crecer los mercados ilegales y que cada vez más personas se unieran a ellos. Hay más gente robando, lo que aumenta la probabilidad de un homicidio. Y también aumentaron las personas que dirimen sus conflictos por fuera de la ley: los delincuentes se matan entre sí”.
Para el especialista, la otra causa de la “epidemia” está dada por un error político de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio. “En toda América Latina, los círculos de contención del delito se han ido resquebrajando: familia, vecinos, educación pública. En Uruguay también los dejamos caer, pero a diferencia de Argentina o Chile, las fuerzas de seguridad como última barrera también fallaron. La fuerza gobernante subestimó claramente al crimen”.
Para Sanjurjo, la reacción ante esa subestimación explica que Larrañaga lograra tantas firmas.
Sentado en su despacho, el senador cuenta que mucha le manifestó: “A usted no lo voto, pero le voy a firmar”.
“La gente está harta”, dijo. “Quiere un basta. Muchos firmaron porque este es el reclamo más fuerte contra la delincuencia y la política de seguridad del gobierno”.
Larrañaga agrega al cóctel que genera la violencia un sistema carcelario “que no rehabilita a nadie” y el fracaso de las políticas sociales y educativas.
Las autoridades del Ministerio del Interior no aceptaron hacer declaraciones.
Desde que el Frente Amplio llegó al poder en 2005, el aumento del delito fue uno de sus talones de Aquiles. Ante los primeros reclamos, la primera reacción fue negar y decir que todo se debía a una “sensación térmica” producida por la prensa.
Con el tiempo, las explicaciones cambiaron. En sus últimas apariciones, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, señaló que los homicidios aumentan por los crímenes entre delincuentes y por un cambio en el código del proceso penal.
En 2017 el Parlamento sancionó un nuevo código de proceso que redujo las causas de prisión preventiva y facilitó que acusados y fiscales logren acuerdos extrajudiciales que reducen las penas. A eso se suma un muy bajo porcentaje de delitos aclarados.
El cambio buscó agilizar un sistema judicial desbordado y evitar que cientos de presos permanecieran años sin condena. Sin embargo, también tuvo efectos negativos no previstos.
“Los delincuentes tienen la percepción de que no los van a atrapar. Y que si los atrapan es probable que en muy poco tiempo estén libre de vuelta”, dijo Sanjurjo.
El presidente Tabaré Vázquez ganó las elecciones de 2014 con la promesa de bajar un 30% los robos violentos, pero aumentaron. Según cifras oficiales, las denuncias de estos delitos en 2018 se incrementaron un 53,8% respecto a 2017. Ni siquiera su círculo cercano se ha salvado del delito.
Semanas atrás, en un acto en el que presentó un balance de su gestión ante el comienzo de su último año de gobierno, Vázquez dijo: “Un nieto mío estaba esperando el ómnibus en una parada, pasaron dos delincuentes en una moto y le arrancaron su celular. A otro hijo mío le robaron rompiéndole la puerta de la casa”.
Barrera, la madre del repartidor de pollos asesinado, no firmó para instaurar la cadena perpetua. Coincide en que los delincuentes se sienten impunes: el crimen de su hijo, como tantos, sigue sin aclararse. Pero también cree que hay que mejorar la educación y las cárceles.
Nunca olvidó el primer día que entró al penal de la ciudad de Canelones: el olor nauseabundo, los presos apiñados en cada celda, sus caras apretadas unas contra otras, y sus brazos extendidos desde los barrotes pidiendo ayuda.
“Tenemos un problema de educación. Miles de jóvenes crecen sin darle ningún valor a la vida. Y tenemos un problema de impunidad, que lleva a que se siga matando”.
