Redacción
El Juzgado 9° de Instrucción de San Salvador, instaló hoy audiencia especial de procedimientos abreviados del expresidente Elías Antonio Saca González y de Rafael Edgardo Calderón López, acusados de cohecho activo, prevaricato y cohecho propio.
No obstante la diligencia fue suspendida debido a la falta de la prueba más relevante del caso, unos audios de escuchas telefónicas que no se escucharon debido a problemas técnicos por tal razón la jueza programó la continuación el 19 de septiembre tiempo que dio a la representación fiscal para que supere el problema.
Según la fiscal del caso los imputados ya confesaron los hechos en la audiencia, esto como requisito del acuerdo negociado entre los defensores y la Fiscalía General de la República para optar a una pena de 2 años para el expresidente Saca y tres años para Calderón.
Al exmandatario se le atribuye el delito de cohecho activo, (ofrecer dadivas a funcionario o empleados públicos) según la fiscalía, presuntamente trato de sobornar con un ofrecimiento de 10 mil dólares una empleada de la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador para que le filtrara información del juicio civil que se ventila en dicha sede judicial por una demanda de enriquecimiento ilícito, por un monto de 3 millones 970 dólares.
Mientras al exjuez se le acusa de cohecho propio y prevaricato, presuntamente, según la fiscalía este brindaba asesoría a las partes y en un caso recibió dádiva a fin de que los procesos fueran a favor de una parte o de otra.
La fiscalía fundamentó la investigación con la declaración de informantes que fue corroborara con escuchas telefónicas, dispositivos de vigilancia y seguimiento a los imputados, además del trabajo de campo realizado por la policía.
En diciembre de 2018 la jueza Nora Montoya condenó a dos exempleadas del órgano judicial en procedimiento abreviado pactado previamente entre la Fiscalía General de la Republica y la defensa de Ángela Irasema Avelar Salinas y Elsa Coralia Ramírez , ellas admitieron los hechos y fueron condenadas a dos años de cárcel por los delitos de cohecho propio y prevaricato, respectivamente, no obstante la prisión fue reemplazada por trabajo de utilidad pública el cual será controlado por un Juzgado de Vigilancia Penitenciara.
