La Asamblea Legislativa emitió un pronunciamiento para protestar enérgicamente por la actitud con la cual se ingresó al recinto durante la tarde del pasado domingo, al ser ocupado por fuerzas militares y policiales como medida de presión del Ejecutivo a los diputados, con el fin de obtener la aprobación del préstamo de $109 millones; al mismo tiempo, el Pleno recibió la notificación de admisión de un proceso de inconstitucionalidad, en relación a la convocatoria realizada por el Consejo de Ministros para que los diputados sesionaran extraordinariamente el 9 de febrero de 2020 -con el fin antes descrito-, la cual pasó a estudio de la Comisión Política.
En el comunicado que fue aprobado por la mayoría de diputados, tras una reunión en horas de la mañana de Junta Directiva y la Comisión Política, los parlamentarios rechazaron y repudiaron los sucesos acaecidos en el recinto legislativo en la fecha antes mencionada; al mismo tiempo, repudian el constante insulto y amenazas a las diputadas y diputados, así como su persecución, y piden a los congresos del mundo su solidaridad en defensa de la democracia y Estado de Derecho en El Salvador.
“La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, ante las violaciones a la Constitución de la República, protagonizadas por el presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez, y el Consejo de Ministros, condena enérgicamente la irrupción y toma militarizada de las instalaciones donde se congrega el Pleno Legislativo, por instrucciones del Presidente de la República y Comandanta General de la Fuerza Armada, Señor Nayib Armando Bukele Ortez, lo cual constituye ‘exhibición de fuerza bruta’, para intimidar a los parlamentarios y parlamentarias mediante el ingreso de militares y policías armados de fusiles y con actitudes amenazantes, expresión de violencia propia de los momentos más oscuros de la historia de El Salvador”, se expresa en la declaración.
Al mismo tiempo, el Parlamento “rechaza los lamentables hechos que culminaron el domingo 9 de febrero, con una violación a la independencia del Órgano Legislativo, la inviolabilidad parlamentaria y por consecuencia la ruptura del Orden Constitucional Salvadoreño, afectando gravemente nuestro sistema democrático, y el funcionamiento de los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder”.
También, el Pleno “rechaza la ocupación ilícita por parte del Presidente de la República, al tomar la curul del Presidente de la Asamblea Legislativa, usurpando un lugar que no le corresponde”. De igual manera, “repudia el constante insulto y amenazas a las parlamentarias y parlamentarios, así como la persecución por parte de las fuerzas del Estado, incluyendo en sus casas de habitación, para amedrentarlos y presionarlos para tomar decisiones”.
Añade el comunicado una denuncia por la violación de la libertad de prensa, información y expresión, contra periodistas y camarógrafos nacionales y extranjeros que trataban de cubrir tan lamentable suceso y pide a los congresos del mundo y organizaciones de parlamentos su solidaridad en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en El Salvador.
Piden que mandatario desista de ultimátum y amenazas para disolver el Congreso
Los diputados exigen al mandatario “que desista de sus amenazas, ultimátum y uso de la fuerza, para disolver el congreso salvadoreño” y le recomienda, juntamente con el Consejo de Ministros, acate la resolución y las medidas cautelares dictadas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El Congreso salvadoreño agradece a las diversas entidades nacionales e internacionales que se han pronunciado en defensa de la democracia y el Estado de Derecho, y les instan a continuar atentos. “En particular, se hace un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA), a considerar establecer urgentemente los mecanismos de diplomacia preventiva, establecidos en la Carta Democrática Interamericana, a efecto de evitar una mayor profundización de la ruptura constitucional, para lo cual transmitimos la presente resolución al Señor Secretario General de dicha Organización”.
Finalmente, los diputados expresan al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional su más alto compromiso con la patria, para restablecer el orden constitucional y mantener un diálogo respetuoso, a efecto de devolver a la ciudadanía su tranquilidad.
En este contexto, la Sala de lo Constitucional de la CSJ admitió esta tarde una de las dos demandas de inconstitucionalidad que recibió contra la convocatoria del Consejo de Ministros y dictó medidas cautelares, entre estas suspender los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del acuerdo de convocatoria impugnado, ordena al mandatario a que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y ordena al ministro de la Defensa Nacional y al director de la PNC que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucional y legalmente están obligados, lo cual fue aplaudido por la mayoría de diputados en Pleno.
