Por EFE
San Salvador, 12 oct (EFE).- La Fuerza Armada de El Salvador bloqueó este lunes, por segunda ocasión, una diligencia judicial de búsqueda de archivos relacionados con la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote (1981), con lo que también dio un portazo a la autoridad civil.
De esta manera el cuerpo armado salvadoreño materializó la postura del ministro de la Defensa, el contraalmirante René Merino Monroy, de que no está obligado a obedecer ordenes judiciales de este proceso.
Los abogados de las víctimas manifestaron que con este nuevo bloqueo posiblemente se cometieron los delitos de incumplimiento de deberes, encubrimiento y desobediencia.
SEGUNDO INTENTO, SEGUNDO BLOQUEO
El ministro Merino y el presidente Nayib Bukele le habían advertido al juez Guzmán que el Ejército se mantendría «invariable» en su negativa de permitir el ingreso a los archivos militares tras bloquear el primer intentó de inspección judicial el pasado 21 de septiembre.
No obstante, el juzgador convocó a las partes para tratar de llevar adelante la inspección en los archivos de la Primera Brigada de la Fuerza Aérea en la central localidad de Ilopango.
Un militar de apellido Ortiz, acompañado de dos abogadas, manifestó al juez que no permitiría su ingreso bajo el mismo argumento con el que se bloqueo la entrada al Estado Mayor en San Salvador: la protección de planes secretos.
«Ustedes están haciendo una valoración conforme a los intereses de la institución armada, no están haciendo una valoración conforme a los derechos humanos», señalo el juzgador.
Añadió que el argumento de que en esta unidad militar no se cuenta con los archivos que el tribunal busca «es algo que se tiene que verificar a través de la inspección».
LOS ARCHIVOS «DESCLASIFICADOS»
El uniformado también argumentó al juez que el presidente Bukele supuestamente le entregó una serie de archivos «desclasificados» sobre la masacre, situación que Guzmán desmintió.
«El tribunal no tiene ninguna documentación de la que él (Bukele) mencionó en conferencia de prensa que nos iba a entregar», dijo el juzgador.
El mandatario, en una cadena nacional de radio y televisión del 24 de septiembre pasado, mostró cinco cajas pequeñas con etiquetas de años recientes que supuestamente contenían los documentos.
«Yo determino que los archivos de El Mozote no son secretos y por lo tanto deben ser entregados», dijo el presidente y se comprometió en entregarlos al juzgador y a la Fiscalía.
EL VICEPRESIDENTE SE SUMA AL BLOQUEO
El vicepresidente del país, Félix Ulloa, defendió el bloqueo a las inspecciones judiciales y señaló que el juez necesita la autorización del mandatario salvadoreño para poder realizarlas.
«Tiene que tener una autorización del comandante general, que en este caso es el presidente de la República», sostuvo Ulloa, quien agregó que el juzgador «no puede dar una orden en abstracto sobre temas que son de seguridad nacional».
También negó que el Ejecutivo de Bukele intente ocultar información, supuestamente porque al momento de la masacre el mandatario «era un niño» y ningún miembro de su Gobierno «está vinculado a esa masacre».
De acuerdo con la versión pública de hoja de vida del ministro de la Defensa, ingresó a la escuela militar en 1986 y entre 1990 y 1991 fue comandante de guardacostas, años en los que el país aún se encontraba en guerra civil (1980-1992).
EL PODER MILITAR SOBRE EL CIVIL
El ministro Merino manifestó en un documento que envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a inicios de septiembre, y del que Efe obtuvo una copia, que el cuerpo armado no comparte el interés del proceso penal por la masacre y aseguró que «no está obligado a cumplir una decisión judicial sin un sustento judicial vigente».
De acuerdo con Merino, el hecho de no ser parte en el proceso y la falta de una ley de reconciliación nacional, ordenada en 2016 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, hace que el Ejército no tenga obligación de acatar las ordenes del juez del proceso por la masacre de El Mozote.
La Constitución salvadoreña establece que los órganos de Estado, entre ellos el Judicial, «podrán disponer de la Fuerza Armada para hacer efectivas las disposiciones que hayan adoptado» dentro de sus competencias.
La negativa militar de obedecer el fallo judicial en el que se ordena las inspecciones en seis unidades militares supondría una subordinación del poder civil ante la fuerza militar.
DOCUMENTACIÓN DE DELITOS
David Morales, abogado de las víctimas y parte de la organización humanitaria Cristosal, manifestó a la prensa que el juez Guzmán decidió, tras reunirse con las partes involucradas, tratar de continuar con la diligencia en las cedes militares que faltan.
«El juez continua con su programación establecida en una resolución en firme» y «también se estará documentando los delitos en los que incurren las autoridades militares y continúan incurriendo el presidente y el ministro (Merino) al seguir negando cada una de las inspecciones», acotó Morales.
También llamó al fiscal general, Raúl Melara, a no ser «pasivo» y que «actué en consecuencia, investigando los delitos» que se pudieron cometer con el bloqueo en el proceso por la «peor masacre en Latinoamérica en su historia reciente».
Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades de elite del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada.
