El Gobierno presentó este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) 32 cajas con documentación relativa al proyecto El Chaparral, desde 2011 a la fecha para que se indague más involucrados en el caso, pero de la segunda etapa de la obra desarrollada durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén.
“Estamos presentando 32 cajas de evidencia del caso de corrupción de El Chaparral. Adicionalmente, no solo estamos presentando evidencia respecto a toda la corrupción que cometió el nicaragüense (en referencia al expresidente Mauricio Funes) sino que, adicionalmente, dándole seguimiento a todo lo que ha sido El Chaparral durante todo este tiempo, ya que esta corrupción viene desde los gobierno de ARENA hasta el gobierno de Sánchez Cerén”, explicó el presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez.
A la fecha, el Juzgado Noveno de Instrucción ha decretado el embargo de $238 millones por los hallazgos en el proceso relativo a la fase I de El Chaparral. “Para eso estamos trayendo esta documentación, para que se amplíe la investigación, para que siga el proceso y deducir ya de la fase II, de lo que fue la continuidad en el proceso de construcción de El Chaparral en el gobierno de Sánchez Cerén”, añadió el funcionario.
En tal sentido, la autónoma presentó a la Fiscalía General 1,600 folios donde se detalla todos los procesos ejecutados desde 2011 en el cuestionado proyecto.
“Es toda la información del proyecto, son todos los contratos. Empresas que se contrataron, los momentos en que se contrataron, toda una prueba documental del proyecto…para deducir las responsabilidades que haya que deducir y que se mantenga la investigación, de parte de la Fiscalía”, explicó el titular de CEL.
El objetivo es indagar todo lo actuado en la fase II, que se implementó en la administración de Sánchez Cerén, y que hasta hoy no ha sido analizado.
El Chaparral no solo fue la corrupción de Mauricio Funes sino que adicionalmente se mantuvo la construcción del proyecto y tuvo que haber terminado en 2018, y esto no terminó; por eso estamos ahorita presentando a la Fiscalía más documentación para que la Fiscalía siga ahondando para deducir responsabilidades no solo en la época de Funes sino que también en la época de Sánchez Cerén”, agregó Álvarez.
Orlando Quijano, gerente legal de CEL, manifestó que están tratando de colaborar con la Fiscalía con la entrega de toda la documentación del proyecto a fin de que los hechos de corrupción que se hayan cometido no queden impunes.
“Queremos ahora con esta prueba, y debido a la solicitud que nos ha hace Fiscalía, establecer con la misma, quiénes han participado, los niveles de participación que han tenido, los funcionarios responsables, directa o indirectamente; determinar además si hay responsabilidad penal para que ellos puedan enfrentar la justicia y eso es lo que nos motiva a estar esta mañana aquí cumpliendo con el requerimiento de Fiscalía”, explicó Quijano.
Álvarez recordó que las indagaciones han permitido identificar la participación del expresidente de la República Mauricio Funes y de su compañera de vida, Ada Michelle Guzmán, así como del empresario y expresidente del CIFCO, Miguel Menéndez (MECAFE).
El titular de CEL también exhortó a la FGR a avanzar en la investigación de todas las instituciones relacionadas con la CEL, donde, según afirmó, los anteriores gobiernos cometieron prácticas corruptas, porque no sólo El Chaparral representa un caso de saqueo público afirmó.
“Todas las instituciones relacionadas a la CEL han sufrido saqueos públicos de parte de todos los gobiernos desde los de ARENA hasta el de Sánchez Cerén. Exhortamos a que nos sigan pidiendo información para recuperar todo el dinero que se han robado, que le han quitado al pueblo salvadoreño”, añadió.
Según el presidente de la autónoma, solo con los 753 millones de dólares saqueados de El Chaparral se hubiera mejorado la vida de miles de salvadoreños, construido escuelas, pero fue a parar a manos de un grupo de personas.
“Hay tarjetas de crédito a nombre de funcionarios públicos del gobierno anterior, hay pozos fantasmas que se hicieron durante el gobierno anterior.
Todo esto, exhortamos a la fiscalía que nos pida la información, nosotros lo tenemos documentado para que sigan investigando”, afirmó.
Para Álvarez, es necesario que se deduzcan responsabilidades en el caso porque no es posible que se hayan robado ese dinero y los responsables sigan impunes. Agregó que el Gobierno está trabajando para recuperar ese dinero por ellos está trabajando por la vía civil y penal para que la deuda no solo se pague con cárcel.
