Decretan inmunidad penal a gestores de la pandemia

La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó este miércoles una ley que decreta la inmunidad penal y administrativa de funcionarios gubernamentales y particulares ante cualquier acusación de corrupción en la gestión de la pandemia.

La nueva norma establece que la inmunidad se aplicará «ante cualquier reclamo» de irregularidades en la compra de tratamientos médicos para atender la COVID-19, y al ser retroactiva, da inmunidad ante casos de corrupción cometidos desde el inicio de la pandemia.

El Gobierno salvadoreño enfrentaba diversas investigaciones por el supuesto uso irregular de fondos estatales destinados a la atención de la COVID, al menos hasta antes del 1 de mayo, cuando en un proceso polémico, la Asamblea Legislativa destituyó al fiscal Raúl Melara y a los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

La ley, presentada a petición del presidente, Nayib Bukele, fue aprobada con 63 votos de los 84 diputados y lleva por nombre «Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionada por la pandemia COVID-19».

BENEFICIADOS POR LA INMUNIDAD

Entre los beneficiarios de la inmunidad están los «proveedores de servicios en salud tales como médicos, farmacéuticos, enfermeras, organizaciones hospitalarias, y los que trabajan en el sector de la salud», según el artículo 4 de la iniciativa.

También incluye al «fabricante, el titular de la autorización de comercialización y/o el distribuidor del producto o servicio para tratamientos médicos, ya sea nacional o extranjero».

La norma añade un amplió listado de actividades relacionadas con el desarrollo, administración, uso de un producto o servicio para tratamientos médicos.

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