BBC MUNDO.- Tras la votación en la Asamblea Legislativa (con los votos del bloque a fin a Nayib Bukele) para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, algunos de los funcionarios afectados renunciaron a sus cargos, no sin antes declarar que su destitución era incostitucional «debido a que viola la independencia judicial».
El organismo argumentó que «con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el órgano Ejecutivo y Legislativo», la decisión de los diputados «incide negativamente en el control del ejercicio del poder» que efectúa la Sala de lo Constitucional.
La Sala aseguró que la destitución «no está precedida por las garantías procesales necesarias para asegurarla», e incluso si hubiese contado con un proceso previo, «afecta la dimensión externa de dicho principio formal, que exige la ausencia de presiones por parte de los demás órganos del Estado».
«La falta de beneplácito del órgano Ejecutivo no es razón para destituir a jueces constitucionales, a la vez que constituye un factor disuasorio futuro para cualquier otra conformación de esta sala, es decir, una coacción», se lee en el texto.
Pese a esta resolución, los diputados eligieron la misma noche del sábado a cinco magistrados sustitutos y al nuevo fiscal, quienes custodiados por agentes policiales ingresaron a las instalaciones de la CSJ y al edificio del Ministerio Público, respectivamente.
«En realidad ya estaban destituidos cuando emitieron esa resolución (que además no tiene ni firmas, ni sellos, ni comunicación oficial)…», tuiteó Bukele para restar importancia al posicionamiento de la Sala de lo Constitucional.
Horas después, Aldo Cader Camilot y Marina Marenco de Torrento —dos de los magistrados de la CSJ destituidos— publicaron sus cartas de renuncia en las que aseguraron que nunca han estado vinculado ni han respondido a intereses de ningún partido político o de algún poder económico.
En la tarde del domingo, las redes sociales de la Sala de lo Constitucional y de la CSJ mostraron ya sus primeros cambios al eliminar la resolución de los magistrados destituidos y publicar una primera foto de los cinco nuevos titulares.
En la noche del domingo, el destituido Raúl Melara dijo que su expulsión fue «inconstitucional» y «carece de validez jurídica», pero también anunció su renuncia irrevocable al cargo de fiscal general por «el bienestar de su familia» y por no poder contar «con las garantías necesarias» para ejercer.
«He tenido una larga trayectoria jurídica que evidencia mi honestidad y capacidad», dijo en un comunicado para rechazar los señalamientos en su contra.
Además, aseguró que durante su trabajo como fiscal demostró la «objetividad y probidad que requiere dicho cargo», que realizó sus labores «de representante de los intereses del Estado y de la sociedad, siempre apegado al Derecho» y que durante su gestión se procesó a las personas «sin importar ningún interés».
