Los diputados de la Comisión de Ad hoc que estudia el proyecto de Ley General de Recursos Hídricos avanzó con el análisis y discusión de los artículos (desde el 123 hasta el 147) que componen la iniciativa presenta por el Órgano Ejecutivo.
En la sesión de trabajo, fueron avalados los artículos 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 y 130 correspondientes al Capítulo II, que se refiere a la creación del Tribunal Sancionador, las competencias que tendrá y su estructura organizativa.
A propuesta del legislador de Nuevas Ideas y presidente en funciones de la mesa legislativa, Christian Guevara, sus colegas dieron sus votos para que dicho Tribunal Sancionador forme parte de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), con el propósito de fortalecer las atribuciones del ente rector de dicho recurso y no sea una entidad externa.
“Si ven el marco jurídico original, la ASA iba a ser una institución sin dientes, sin capacidad de sancionar, y creemos que la máxima autoridad en el tema agua debería tener todos los instrumentos y capacidades en el tema”, explicó el diputado Guevara.
Es así como se estableció que el Capítulo II quedó estructurado así: Tribunal Sancionador, atribuciones del Tribunal, requisitos para ser miembros, nombramiento, periodo en el ejercicio del cargo; protesta y toma de posesión, prohibiciones, impedimentos, excusas y recusaciones, causas de cesación, secretario, equipo técnico y método de votación.
El artículo 123 del proyecto de la normativa señala que la ASA contará con un Tribunal Sancionador que funcionará de forma permanente y estará compuesto por tres integrantes: un presidente y dos vocales; además habrá igual número de suplentes.
De esta manera, la ASA estará constituida por un presidente nombrado por el Presidente de la República y tendrá su representación legal; una junta directiva como órgano político colegiado para toma de decisiones estratégicas sobre el agua, una dirección ejecutiva como órgano técnico operativo con sus unidades especializadas y administrativas, organismos nacionales de cueca y un Tribunal Sancionador.
Algunas atribuciones del Tribunal, según el artículo 124, serán instruir procedimiento sancionatorio e imponer sanciones por infracciones a la ley; recibir y atender denuncias referentes a la violación, incumplimiento de la normativa o falta de aplicación de las disposiciones de la misma.
También coadyuvar con el Ministerio Público en los procedimientos penales que se instauren por delitos contra los recursos hídricos previstos en el Código Penal, conocer sobre actos hechos u omisiones que puedan ser constitutivos de violaciones o incumplimientos de lo que dicta la normativa y solicitar a la autoridad competente la revocación y cancelaciones de las autorizaciones, permisos y registros cuando sean otorgadas en contra de lo que manda la normativa.
Además, el artículo 125 establece que para ser integrantes de esta entidad tendrán que reunir una serie de requisitos: ser salvadoreño, mayor de 30 años, no tener antecedentes penales, tener reconocida honorabilidad y probidad; poseer conocimientos y experiencia (no menor a cinco años) en la aplicación de la legislación ambiental y de los procedimientos sancionatorios, así como estar solvente con el fisco.
Los integrantes del Tribunal, de acuerdo al artículo 126, serán nombrados por el Presidente de la República y deberán ser abogados que tengan un mínimo de cinco años de experiencia laboral. El siguiente artículo señala que estas personas ocuparán el cargo por cuatro años, pudiendo ser nombradas por un periodo más.
Asimismo, los integrantes del Tribunal rendirán protesta ante el Presidente de la República y declararán que ejercerán sus funciones con imparcialidad y respeto al orden jurídico.
La mesa de trabajó también legisló para que el Tribunal cuente con un secretario que autorizará las resoluciones adoptadas, recibirá los documentos y será responsable técnico y administrativo del desempeño de la entidad.
También habrá un equipo técnico propio, compuesto por profesionales multidisciplinarios, especialistas en recursos hídricos, quienes elaborarán los dictámenes o informes técnicos que servirán de base para las resoluciones que emitirá el organismo sancionador.
En la jornada de trabajo, la Comisión también aprobó los artículos contemplados en el Capítulo III relacionados con las medidas preventivas, aplicación e incumplimiento de la normativa. También los del Capítulo IV que contempla los Procedimiento de Sanciones Administrativas que tienen que ver con la iniciación del procedimiento, inspecciones de oficio y flagrancia.
El presidente de la Comisión y su colega, Mauricio Ortiz, destacaron que para el estudio del anteproyecto de ley se ha escuchado a representantes de diferentes sectores, como iglesias, universidades y fundaciones. Además, sostuvieron que se han retomado insumos para elaborar la normativa.
“Esta es una ley consultiva, porque desde sus inicios recibimos los aportes de distintos sectores. Quedaron atrás las épocas donde se politizaba este tema que es sensible para la población. Estamos dándole solución a muchas comunidades a las que nunca se les tomó en cuenta en el tema”, señaló el diputado Mauricio Ortiz.
La Comisión quedó abierta y el trabajo se reanudará el próximo martes.
