Redacción: Colaboración.
Con 63 votos a favor y una abstención la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda para dar luz ver a la nueva Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador, una legislación que data desde el año de 1960.
La ley tiene como objeto la regulación de Lotería Nacional, en tanto operador como regulador de juegos, como una institución de derecho público con carácter autónomo y de personalidad jurídica, con domicilio y asiento principal de los negocios en la ciudad de San Salvador, pudiendo establecer en el país y en el exterior las sucursales, agencias o dependencias que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades, cita el decreto que fue conocido por el pleno legislativo.
El diputado de Nuevas Ideas, Kaleb Navarro, defendió la aprobación de la nueva legislación al señalar la antigüedad de una normativa que no permite la modernización de la Lotería Nacional de Beneficencia y su avance en el país.
“La actual ley tiene 61 años de existencia, los anteriores diputados nos han dejado leyes obsoletas”, expreso el legislador de la banda oficialista en la discusión de la nueva legislación.
El avance en los servicios de comunicación y de los diferentes tipos de juegos, ya sean estos de lotería u otros, ha traído consigo la necesidad de iniciar un nuevo camino en la regulación del sector, asegurando mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos ineludibles de protección social, al tiempo que se pretende alcanzar otras importantes finalidades; por lo que se vuelve indispensable contar con una regulación de prácticas de aquellos juegos que pueden ser autorizados, asi como el control público del sector, son además parte de los argumentos que se exponen en el decreto que fue avalado por el pleno legislativo, en el marco de la nueva ley.
El pasado 29 de noviembre el presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia, Javier Milián, también expuso a la instancia legislativa la urgente necesidad de crear un nuevo marco normativo, a fin de actualizar una ley con más de 100 años. Una necesidad para adaptarla a las nuevas realidades de este sector.
