Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en U.S.A
Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó este lunes 15 de diciembre una Orden Ejecutiva que designa el fentanilo ilícito y su principal precursor químico como armas de destrucción masiva (ADM), una decisión que eleva el combate contra esta sustancia a un nivel de seguridad nacional y amplía de forma significativa las facultades del Gobierno federal para enfrentar su tráfico, financiamiento y posible uso con fines terroristas.
De acuerdo con una hoja informativa difundida por la Casa Blanca, la medida ordena al Fiscal General iniciar de inmediato acciones penales más severas, así como aplicar agravantes y modificaciones de sentencia en los casos vinculados al tráfico de fentanilo. Asimismo, instruye al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro a tomar acciones contra activos e instituciones financieras relacionadas con personas u organizaciones que participen o apoyen la fabricación, distribución y venta de esta droga sintética y de sus precursores químicos.
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La Orden Ejecutiva también contempla un componente de coordinación interinstitucional. El Secretario de Defensa y el Fiscal General deberán evaluar si el Departamento de Defensa debe proporcionar recursos adicionales de seguridad nacional al Departamento de Justicia en caso de una emergencia relacionada con un arma de destrucción masiva. A la vez, el Pentágono deberá actualizar sus directrices de respuesta a incidentes químicos para incluir la amenaza del fentanilo, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional.
Según el Ejecutivo estadounidense, la designación responde a la magnitud del impacto del fentanilo en la salud pública y la seguridad del país. La Casa Blanca sostiene que esta sustancia se asemeja más a un arma química que a un narcótico, al ser extremadamente potente: apenas dos miligramos —equivalentes a entre 10 y 15 granos de sal— pueden resultar letales. En ese contexto, el Gobierno señala que el fentanilo se ha convertido en la principal causa de muerte entre estadounidenses de 18 a 45 años.
El documento oficial afirma además que los cárteles y redes criminales extranjeras utilizan las ganancias del fentanilo para financiar asesinatos, terrorismo e insurgencias, y advierte sobre el potencial de esta droga para ser empleada en ataques terroristas concentrados y a gran escala, lo que, a juicio de la Administración Trump, representa una amenaza directa a la seguridad nacional.
Como parte de su estrategia más amplia, el presidente Trump recordó que al inicio de su mandato declaró una emergencia nacional en la frontera sur, con el objetivo de recuperar el control operativo, combatir a los cárteles y reforzar la seguridad. También destacó la designación de ocho cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, entre ellos Tren de Aragua y MS-13, así como la imposición de aranceles a México, Canadá y China por lo que considera inacción frente al flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.
La Casa Blanca subraya que el mandatario ha autorizado acciones militares contra el tráfico de drogas letales y promulgó la Ley HALT Fentanyl, que clasifica permanentemente las sustancias relacionadas con el fentanilo como drogas de la Lista I. Con la nueva designación como arma de destrucción masiva, la Administración asegura que busca movilizar todo el peso del Gobierno federal para erradicar esta sustancia de las calles y proteger a las familias estadounidenses.
La decisión, sin embargo, anticipa un debate amplio tanto en el ámbito legal como en el político, debido a las implicaciones que conlleva equiparar una droga ilícita con una categoría tradicionalmente reservada para amenazas químicas, biológicas o nucleares. Mientras la Casa Blanca defiende la medida como necesaria ante la gravedad de la crisis, sectores expertos y defensores de derechos civiles prevén un escrutinio sobre su alcance y aplicación.
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