Unos 3,7 millones de costarricenses están llamados a las urnas este domingo 1 de febrero de 2026 para elegir al sucesor del presidente Rodrigo Chaves y renovar los 57 escaños de la Asamblea Legislativa, en una jornada electoral marcada por la creciente preocupación ciudadana ante la inseguridad vinculada al narcotráfico.
La candidata oficialista Laura Fernández parte como favorita en los sondeos. Exministra de la Presidencia y de Planificación, Fernández, de 39 años, ha centrado su campaña en promesas de mano dura contra la criminalidad, el principal tema de preocupación para la población según encuestas recientes. Su propuesta incluye endurecimiento de penas, estados de excepción en zonas conflictivas y la finalización de una megacárcel inspirada en el modelo impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, a quien ha manifestado admiración.
Fernández aspira a imponerse en primera vuelta, aunque enfrenta una oposición fragmentada que busca forzar un balotaje. Durante el cierre de campaña, la candidata aseguró que su objetivo es obtener la presidencia y alcanzar una amplia representación legislativa. “Vamos a ganar en primera ronda y lo haremos con 40 diputados”, afirmó, en referencia a la mayoría necesaria para impulsar reformas estructurales, incluidas eventuales modificaciones constitucionales.
Entre sus principales contendientes figura Álvaro Ramos, del tradicional Partido de Liberación Nacional (PLN), quien se ubica segundo en las encuestas con menos del 10 % de la intención de voto. Ramos ha cuestionado el enfoque de seguridad de la oficialista, advirtiendo sobre posibles excesos. “No hay que encerrar a la gente por estar tatuados”, señaló durante la campaña.
Costa Rica, históricamente reconocida por su estabilidad democrática y bienestar social, enfrenta en este proceso electoral el desafío de contener el avance del narcotráfico y la violencia, un fenómeno que ha puesto a prueba su modelo de seguridad y gobernabilidad.
