La Asamblea Legislativa de El Salvador dio un nuevo paso en el endurecimiento de su marco penal, luego de que la Comisión Política emitiera un dictamen favorable para ratificar la reforma al artículo 27 de la Constitución, con la que se busca habilitar la cadena perpetua para delitos como homicidio, violación y terrorismo.
La iniciativa, que ya fue aprobada el pasado 17 de marzo con 59 votos, requiere ahora ser ratificada por las tres cuartas partes del pleno legislativo para entrar en vigencia, conforme al procedimiento constitucional salvadoreño.
Previo al dictamen, los diputados desarrollaron cuatro jornadas de análisis técnico en las que participaron representantes del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo la Sala de lo Penal y la Sala de lo Contencioso Administrativo. Todas las instancias coincidieron en recomendar la continuidad del proceso de ratificación.
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El presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, defendió la reforma como una respuesta firme del Estado ante delitos de alto impacto.
“Si no quieren cadena perpetua, que no violen, que no asesinen, que no sean terroristas”, expresó el funcionario, al insistir en que estas medidas buscan evitar la reincidencia delictiva.
Castro también subrayó que la propuesta cuenta con respaldo institucional y legislativo, así como con apoyo ciudadano, en medio de una estrategia de seguridad que el Gobierno sostiene ha generado resultados positivos.
Cambios legales necesarios
Para hacer efectiva la cadena perpetua, los legisladores deberán reformar al menos cuatro cuerpos normativos: el Código Penal, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Penal Juvenil.
Entre las principales modificaciones destacan:
- La inclusión de prisión perpetua para delitos como homicidio agravado, violación y agresión sexual agravada.
- La incorporación de revisiones obligatorias de la pena entre 25 y 40 años, dependiendo de la gravedad del delito.
- La posibilidad de libertad controlada tras cumplir un periodo determinado.
- La tipificación específica para miembros de estructuras terroristas, incluyendo pandillas.
Además, el diputado Caleb Navarro propuso que los cómplices de estos delitos reciban la misma pena que los autores, así como ajustes en la aplicación de sanciones para delitos tentados.
Contexto: endurecimiento en medio del régimen de excepción
Esta reforma se enmarca en la política de seguridad impulsada por el Gobierno desde la implementación del régimen de excepción en El Salvador, decretado el 27 de marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
Desde entonces, el país ha registrado una reducción significativa en los índices de homicidios, según datos oficiales, aunque organizaciones nacionales e internacionales han señalado preocupaciones por derechos humanos y garantías constitucionales.
A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de esta medida, la posible introducción de la cadena perpetua marcaría un cambio estructural en el sistema penal salvadoreño, elevando el castigo máximo para los delitos más graves y consolidando una política de mano dura que sigue generando debate dentro y fuera del país.
