Hacer nuestra parte para erradicar la ola de violencia. Ese es el llamado a la acción que constantemente escuchamos de nuestras autoridades en los medios de comunicación, nos recalcan la importancia de denunciar en caso de conocer, vivir o saber de un ilícito y nos anuncian con bombo y platillo todos los mecanismos a nuestro servicio para interponer una denuncia y para hacer valer nuestro derecho a que el estado nos defienda.
Pero, qué pasa cuando un salvadoreño común y silvestre (como su servidora o como usted) se ve amenazado por “X” situación violenta o que transgrede sus derechos en este país, cuando cree en esa promesa y busca respaldo en las instituciones correspondientes como la Fiscalía General de la República (FGR).
En mi caso no ha pasado absolutamente nada, o mejor dicho si pasó algo, me di cuenta que mi derecho como ciudadano a la justicia está sujeto a la buena voluntad de los servidores públicos, y que el muro de la burocracia es tan resistente y alto allí como en cualquier otra institución del estado. No importa que el asunto que me llevó a pisar ese lugar, amenazaba mi integridad física y la de mis seres queridos.
Para mi, interponer una denuncia por amenazas, ha sido frustrante y decepcionante. Como salvadoreña que espera protección del estado aprendí que es mejor pedir número y esperar sentada.
También aprendí que las víctimas que nos hemos atrevido a denunciar no solo tenemos que vivir con el miedo y zozobra de lo que nos está pasando, asimismo llegamos a temer al hecho de que la institución encargada no nos resuelva nada. Ahora entiendo el por qué muchas otras que se aventuran a hacerlo quieren desistir y ya no se presentan a dar continuidad al caso, porque pareciera que ese realmente es el trabajo de dichas instituciones.
Mi viacrucis inició a mediados de julio cuando comencé a recibir llamadas amenazantes. Por miedo y posicionamiento mediático quizás, cometí el grave error de acercarme a la FGR en Santa Elena donde muy amablemente (eso si hay que destacarlo) me indicaron no recibían denuncias de ese tipo y me enviaron a la FGR de Antiguo Cuscatlán, lugar donde a pesar de lo moderno de sus instalaciones, la atención dejó mucho que desear y un mal sabor de boca.
Después de pasar con un asesor – yo muy atribulada y asustada – me explicó en forma de reprimenda que ahí no me correspondía ir porque mi domicilio y el hecho había pasado en otra jurisdicción, le expliqué que en mi angustia fui al primer lugar que conocía y que de éste me remitieron con ellos porque sin importar el lugar estaban en la obligación de tomar mi denuncia y procesarla, entonces la gran respuesta del sensible servidor público fue “… acá no le toca y esto atrasará cualquier proceso”. Ante tal respuesta pensé se atrasaría un día o dos, jamás imaginé que casi un mes y medio después seguiría igual que el primer día, sin protección.
Tristemente esa es nuestra realidad, no importa las inversiones en infraestructura de dichas instituciones eso no cambia el hecho de que la comunicación es ineficaz entre las dependencias.
Volviendo al inicio de mi calvario, una semana después de haber denunciado y dos visitas a la misma fiscalía sin dato alguno, porque no hay otra vía para darlos por seguridad, me indicaron fuera a la sucursal Santa Tecla a pedir el número y ver si ya tenía fiscal asignado para mi caso, ya que debido a “mi” error no me lo podían dar ahí y por no contar con datos en línea todo se manda por correo tradicional y hay que esperar que éste llegue; además debido a la cantidad de denuncias procesadas no me podían dar fecha de cuándo tendría uno.
En todo este proceso yo no paraba de recibir llamadas amenazando mi vida, la de mis hijas y mi esposo. En vez de dar un tour de fiscalía en fiscalía lo único que deseaba era encerrar a mis hijas y a mí en un cuarto y no salir por miedo. Lo único que buscaba era que la situación llegara a su fin.
El día 24 de julio fui a Santa Tecla por primera vez a preguntar si tenía un fiscal asignado a mi caso y nada, tres días después regresé y ya estaba (casi 10 días después de la denuncia, me imagino que para quién tramita un documento eso es rápido pero para mí que temía por mi vida era una eternidad) me dieron el número respectivo de mi caso pero no estaba el fiscal asignado así que la recomendación de recepción era que no parara de estar yendo a buscarlo porque si yo no lo buscaba lo más probable era que él no se contactara conmigo por sobrecarga laboral.
Cuánta razón tenían, para no alargar más este relato les diré que hasta la fecha nunca he tenido contacto con el fiscal y creo que ni lo tendré, tal vez no vea frutos de mi denuncia en El Salvador, ante dicha realidad el 27 de julio solicité una copia certificada de mi denuncia para buscar ayuda por otra vía y hasta el 30 de agosto aún no estaba lista a pesar que me indicaron era un proceso de tan solo 15 días.
Eso sí – ellos están en libertad de dejar a un lado cualquier investigación por “sobrecarga laboral” y no pasa nada- yo puedo ser procesada si miento en la denuncia, eso me lo dejó clarísimo la persona que me atendió en mi primera visita, pero ellos que por constitución me deben proteger no mencionan cuáles son sus deberes para conmigo y que puedo hacer yo si no cumplen con su trabajo.
Por miedo y porque tenía los recursos, salí de mi país con mi familia, tomando cartas en el asunto para protegernos, mi historia es una excepción pero ¿qué pasa con los otros salvadoreños que no pueden hacer esto?
Yo tenía desde el principio de mi lado el poder que me da el conocimiento, el poder que quiérase o no tenemos aquellos a los que nuestra familia nos dieron como herencia una profesión, ser periodista me ha permitido informarme y contactar con otros colegas que me han tendido la mano, pero no quiero ni pensar la angustia psicológica de aquellos que no cuentan eso, de los que ya no pueden contar qué pasó porque su grito de ayuda no fue escuchado, de aquellos que tienen que conformarse con la espera y la injusticia, así como con el agravio del delincuente y de la institución que pregona lo puede proteger llamándole a denunciar.
Mucho hemos avanzado en materia de atención, porque sonrisas y propaganda no falta, pero lamentablemente para las víctimas el proceso sigue siendo lento y burocrático. Como víctima me siento frustrada, y hago un llamado a gritos a las autoridades de mi país y al fiscal general que sigan trabajando en los temas de las denuncias y en resolver dichos casos, que no tiren la toalla y se conformen con la publicidad mediática, les pido que sean empáticos y se pongan en los zapatos de las víctimas, muchas no cuentan con el tiempo que tiene la burocracia, un día puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para muchos de nosotros.
