Por: Jorge Molina
En la última década (2003-2013), El Salvador ha invertido cerca de $1,000 millones en la seguridad pública, distribuido en presupuesto para la Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional Civil, Centros Penales, entre otros, aseguró el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, en la presentación de la primera encuesta a la población reclusa del país.
El funcionario agregó que “la empresa privada también invierte cerca de $600 millones al año en proyectos de orden social. Uno ve que hay una gran inversión, un gran esfuerzo, entonces, quiere decir que tiene que haber un momento en que uno tiene que hacer un alto y reflexionar: ¿por qué seguimos igual o peor? Si nosotros seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo en el pasado, no se necesita ningún estudio para saber que nos va a ir exactamente igual o peor”.
Ante la urgencia de disminuir los índices de violencia en el país, Lara aseguró que existe una política que tiene premisas fundamentales encaminadas al accionar del Estado en conjunto con sus instituciones, ya que “la seguridad implica la vinculación y cooperación con las instituciones del Estado. Todos debemos hablar el mismo idioma”, dijo.
Por otra parte, la encuesta reveló que actualmente existen 29 mil 512 privados de libertad y que se ha reducido el hacinamiento en las cárceles del país con la implementación del programa “Yo Cambio” que consiste en capacitar a reclusos en fases de confianza para que sean entes de cambio en sus cárceles y ayuden a sus compañeros.
El 96.33% de las personas recluidas rondan entre los 18 y 55 años. Según Lara son personas productivas.
En cárcel de Mujeres, de 900% de hacinamiento ahora están a un 300%. El programa “Yo Cambio” es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya que la tasa de reclusión en el país pasa del promedio mundial y el hacinamiento es un problema carcelario urgente, consideró el representante del BID en El Salvador, Marco Nicola.
Para Nicola “la alta densidad de ocupación promedio de las cárceles impide la resocialización, alimentando el círculo de la criminalidad. Además, el estado de deterioro de las prisiones dificulta las tareas de rehabilitación y la inclusión social de las personas en conflicto con la ley penal”, concluyó el representante del BID.
